La Xunta insiste en reclamar al Gobierno central el reconocimiento de las herramientas web de cálculo de los costes de producción creadas por el Gobierno gallego –Contaláctea y Contacarne – cómo medio para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas, en la línea de la moción que se aprobó ayer mismo en el seno del Parlamento gallego. Así lo hizo hoy el conselleiro del Medio Rural, José González, en respuesta a una interpelación en el Pleno de la Cámara, al tiempo que lamentó que ninguno de estos mecanismos había sido aceptado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como fuente admisible para la acreditación dieras costes.
El conselleiro explicó además que la Xunta modificó la orden de ayudas para la transformación y comercialización de productos agrarios “por lógica y por justicia”, para no perjudicar a los beneficiarios haciéndoles perder ayudas con un importe hasta diez veces superior a las sanciones que se les podrían imponer.
El titular de Medio Rural aclaró que, en un primer momento, la Consellería incluyó en la convocatoria de estas aportaciones el condicionante de no poderlas recibir en el caso de estar afectados los solicitantes por sanciones graves o muy graves, en base al previsto en la Ley de la cadena alimentaria. Sin embargo, analizadas al por menor estas sanciones, se advirtió que dentro de las de carácter grave se imponían de manera mayoritaria las más bajas y que procedía la modificación de la orden de aportaciones por la falta de proporcionalidad. Así, en la mayoría de los casos -el 77%- la sanción se situó entre 1.800 y 3.001 euros, mientras que el 84% de los beneficiarios de las ayudas de comercialización en las dos últimas convocatorias de 2020 y 2022 percibieron más de 30.000 euros y la mitad de ellos más de 100.000 euros.
Por lo tanto, concluyó el conselleiro, no parecería “ni lógico ni justo” retirarle a un beneficiario una ayuda con una cuantía tan importante por haber asumido una sanción hasta diez veces inferior. Fue por eso, añadió González, por lo que se modificó la convocatoria de cara a dirigir los esfuerzos de la Xunta a actuar con decisión cuando se produzcan infracciones realmente graves.
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