El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León celebrado ayer, ha declarado de situación excepcional la campaña agrícola 2022-2023 en todo el territorio de Castilla y León, debido a los efectos adversos sufridos por las explotaciones agrarias de la Comunidad, tras las extremas condiciones climáticas de los últimos meses. Esta decisión se toma para poder adoptar medidas normativas y otras de apoyo al sector agrario.

La Consejería de Agricultura determinará el alcance de las obligaciones y los criterios de admisibilidad de actuaciones de la propia Consejería y de las ayudas de la Política Agrícola Común, tanto con cargo al FEAGA como al FEADER, equiparando esta situación a las de “fuerza mayor o circunstancias excepcionales”.

Además, desde la Junta de Castilla y León se acuerda declarar la urgencia para la adopción de medidas de apoyo al sector agrario, dirigidas a las explotaciones agrarias, con el fin de intentar paliar los efectos negativos de la sequía y de las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.

Las medidas que se adopten podrán ser de diferente naturaleza. Entre otras, se incluirán las destinadas a la bonificación total o parcial de intereses de los préstamos financieros y las destinadas a complementar las cantidades percibidas en concepto de indemnización por siniestros de sequía de seguros agrarios.