La regulación actual de la edición y modificación genética en Nueva Zelanda hacen que sea muy difícil para los agricultores apostar por estos desarrollos, tanto en agricultura como en ganadería. Esta prohibición efectiva ha estado vigente durante más de dos décadas y fue objeto de un acalorado debate cuando la legislación fue revisada por última vez en 2003.
Ahora, la portavoz de ciencia e innovación del Partido Nacional, Judith Collins, ha reconocido que la prohibición le está costando rentabilidad a Nueva Zelanda y que está dificultando alcanzar los objetivos medioambientales en la lucha contra el cambio climático.
“(La edición genética) se ha utilizado en los laboratorios de Nueva Zelanda desde la década de 1970, pero las reglas restrictivas, redactadas en la década de 1990, hacen que la investigación fuera del laboratorio sea prácticamente imposible. Esto significa que nuestros científicos deben viajar al extranjero para realizar más investigaciones”, explicó Judith Collins.
El partido publicó su política el pasado 11 de junio de 2023 comprometiéndose a revertir la prohibición e introducir un nuevo marco regulatorio biotecnológico si son elegidos en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en octubre de este año. El documento político explica que el país había perdido potencialmente miles de millones bajo las regulaciones actuales biotecnológicas. También criticó el marco regulatorio actual, que fue supervisado por la Autoridad de Protección Ambiental (EPA), diciendo que estaba desactualizado y era demasiado cauteloso.
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