El monopolio de compra de arroz en España (Arroceras Herba) y principal comprador de este producto en la Unión Europea ha hecho público el precio al cual quiere comprar el arroz en cáscara esta campaña, ha anunciado que el precio será de 430 €/t para los tipos índica (arroz largo) y de 500 €/t para los tipos japónica (arroz redondo), denuncian desde La Unión.

         Estos precios impuestos por este monopolio están entre 200 y 250 €/t por debajo de los costes de producción y por lo tanto dicha propuesta incumple el artículo  9 de la Ley de Mejora de la cadena Alimentaria.

         El precio del arroz en ningún caso puede estar por debajo de los 600 y 650 €/t por tres motivos, según apunta la organización:

Primero.- Los costes de producción están siendo muy elevados y por lo tanto en base a la normativa española  no es legal comprar por debajo de estos precios.

Segundo.- La oferta de arroz tanto español como italiano o griego, en esta campaña es muy escasa debido a la sequía que ha impedido regar la mayor parte de la superficie arrocera de estos países.

Tercero.- El precio del arroz a los consumidores está a la mayor cotización hasta la fecha, está muy por encima de años anteriores.

         Si hay poco producto, si además es muy caro producir y los consumidores lo están pagando a precios desorbitados ¿Cuál es el motivo de que a los productores les estén ofreciendo un precio miserable por el producto?, se pregunta La Unión. La respuesta es muy sencilla, está llegando procedente de Myanmar ingentes cantidades de arroz de condiciones sanitarias muy dudosas a un precio muy bajo y como además a través del Convenio de “todos menos armas” firmado entre la Unión Europea y este país, el arroz entra en nuestro país sin arancel alguno.

         La Unión va a solicitar al Ministerio de Agricultura, que proponga a la Unión Europea la imposición de tasas de importación para evitar la ruina de los productores españoles y extremeños, al mismo tiempo vamos a comunicar a la Delegación del Gobierno el inicio de actos de protesta ante la industria arrocera por incumplir la legislación vigente en materia de comercio de productos agrarios.