En plena campaña de recolección de cítricos en España, cadenas de supermercados como El Corte Inglés siguen comercializando naranjas importadas desde Sudáfrica, una práctica que genera preocupación en el sector agrícola nacional. Estas naranjas se venden a precios elevados, alcanzando hasta 3,56 €/kg tras una reciente oferta de 2,99 €/kg. Además, provienen del Grupo Llusar Torres, una entidad valenciana tradicionalmente conocida por la calidad de sus cítricos, ahora gestionada por un fondo de inversión que prioriza la rentabilidad económica frente al arraigo territorial.

LA UNIÓ Llauradora ha denunciado esta situación, considerando que, con el suministro nacional garantizado, es inadmisible comercializar productos importados con elevada huella de carbono y riesgos asociados a plagas.

Las importaciones sudafricanas continúan llegando a Europa con elevados riesgos fitosanitarios. Solo en 2024, el sistema Europhyt de la UE ha registrado 32 interceptaciones de lotes de cítricos sudafricanos contaminados con Mancha Negra (Phyllosticta citricarpa) y Falsa Polilla (Thaumatotibia leucotreta). Países como Zimbabue y Brasil también presentan cifras preocupantes, con 11 y 80 rechazos respectivamente.

Desde la organización destacan que estos países no cumplen con las garantías sanitarias exigidas, lo que representa un riesgo para los cultivos europeos. La organización pide medidas como el cierre temporal de fronteras cuando se superen los niveles críticos de rechazos para proteger tanto la producción local como la salud fitosanitaria del territorio.

Impacto del Acuerdo UE-Sudáfrica

El Acuerdo de Asociación entre la UE y Sudáfrica también agrava la situación. Este acuerdo extendió el periodo de exportación de naranjas sudafricanas hasta el 30 de noviembre, con una reducción progresiva de aranceles hasta su desaparición en 2025. Esto ha provocado distorsiones de mercado, perjudicando gravemente al sector citrícola español, que se enfrenta a una competencia desleal por los menores costes de producción en Sudáfrica y el uso de productos prohibidos en la UE.

LA UNIÓ insiste en la necesidad de priorizar el producto local, que garantiza mayor frescura, calidad y sostenibilidad, frente a importaciones que generan impactos ambientales y ponen en riesgo la economía de los agricultores. La organización propone reinstaurar aranceles y limitar el periodo de importación para proteger al sector citrícola español.