Los ganaderos extremeños afectados por la sequía de 2018 y 2019 han logrado una importante victoria judicial frente a Agroseguro. La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la sentencia dictada por el juzgado de Trujillo en 2022, que condena a la aseguradora al pago de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados por la sequía extrema de aquel periodo.

La sequía de 2018 y 2019 fue la tercera más severa del siglo, dejando importantes pérdidas en los pastos y obligando a los ganaderos a recurrir a alimentación suplementaria para mantener a su ganado. Tras la liquidación de las indemnizaciones, muchos ganaderos se encontraron con que Agroseguro había evaluado la sequía como leve, resultando en compensaciones muy inferiores a las primas abonadas. Ante esta situación, unos 200 ganaderos, agrupados por la Unión Extremadura, interpusieron una demanda en el juzgado de Trujillo. En junio de 2022, dicho juzgado condenó a Agroseguro al pago de las indemnizaciones ajustadas a la magnitud real de la sequía, pero la aseguradora recurrió ante la Audiencia Provincial de Cáceres.

El pasado 8 de octubre de 2024, la Audiencia desestimó el recurso de Agroseguro, confirmando la sentencia inicial. Sin embargo, la aseguradora ha decidido recurrir ambas resoluciones ante el Tribunal Supremo, prolongando aún más el proceso judicial.

Ante la posible demora de varios años para la resolución del Tribunal Supremo, la Unión Extremadura ha anunciado que solicitará la ejecución provisional de la sentencia del juzgado de Trujillo. Este paso busca que los ganaderos puedan cobrar las indemnizaciones sin tener que esperar a que se resuelva el recurso en el alto tribunal.

Según la Unión Extremadura, este retraso en el pago de las indemnizaciones demuestra el abuso que Agroseguro ejerce como monopolio en el sistema de seguros agrarios en España. Además, critican que la empresa priorice demorar los pagos, pese a las costas judiciales acumuladas, a expensas de los derechos de los agricultores y ganaderos afectados.