El Pleno del Congreso de los Diputados, reunido en sesión extraordinaria la pasada semana, no ha convalidado el Real Decreto-ley 9/2024, sobre medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, conocido como Decreto Ómnibus. Este hecho tiene importantes repercusiones en el sector agrario.

Una de las medidas que incluía este RDL es la elevación del límite para la aplicación del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el conocido como Régimen de Compensación del IVA que hubiera pasado, de los 150.000 €, en que estaba establecido, hasta los 250.000 €.

Se da la circunstancia de que esta medida se venía prorrogando, cada año, desde 2016 y, en esta ocasión, se ha quedado sobre la mesa, generando graves perjuicios económicos para los agricultores y ganaderos.

Este régimen es importante porque permite a los agricultores y ganaderos compensar el IVA que soportan por los gastos vinculados a su actividad, aplicando un porcentaje al precio de venta de los productos obtenidos en sus explotaciones que, en la actualidad, se sitúa en el 12% para agricultura, y del 10,5% para la ganadería; con lo que se simplifica enormemente la gestión de las explotaciones agrarias, al no tener que repercutir ni de liquidar trimestralmente el IVA.

Al no elevarse el límite, miles de agricultores quedan excluidos del régimen de compensación, y sometidos, de la noche a la mañana y con carácter retroactivo desde el 1 de enero, al régimen general, lo que supone el cumplimiento de una serie de obligaciones que desconocen y para las carecen de los medios necesarios.

Pero es que, además, la exclusión de este régimen conlleva, según los criterios de la Agencia Tributaria, la exclusión del régimen de módulos en el IRPF, ya que no se podría estar en uno si y en otro no. De esta manera, miles de agricultores y ganaderos, precisamente los profesionales de la actividad, van a quedar excluidos de módulos y sujetos al régimen de estimación directa, sistema fiscal absolutamente distinto, desconocido para ellos, y que impone unas obligaciones que, al día de hoy, son de imposible cumplimento para estos profesionales.

Además, este régimen de estimación directa no tiene en cuenta la realidad del día a día de las explotaciones agrarias, ya que no prevé reducciones por inclemencias meteorológicas, ni por otras causas que afectan gravemente a los rendimientos.

Para COAG Andalucía, esta situación atenta contra el principio de seguridad jurídica que nuestra Constitución garantiza y que supone que, el 1 de enero de cada año, el contribuyente debe conocer el régimen fiscal al que está sometido durante ese ejercicio en el desarrollo de su actividad.

Por lo tanto, un cambio de esta envergadura en materia de IVA y del IRPF, no solo es absolutamente inasumibles para los agricultores y ganaderos, sino que es una violación de los derechos más básicos de cualquier ciudadano en materia fiscal.

Asimismo, esta organización agraria lamenta el daño que están causando los enfrentamientos políticos a los agricultores y a la población en general, y hace un llamamiento para que salgan adelante cuanto antes los decretos que se han quedado encima de la mesa.

Ésta es la puntilla que el sector necesitaba para avocar a miles de explotaciones al desastre, por lo que desde COAG apelamos al sentido de responsabilidad de los grupos políticos, para que no pueden utilicen a la población como rehenes de sus luchas partidistas. ¡Ya está bien de anteponer sus intereses a los de la sociedad que los elige para que den respuestas a sus problemas y no para que se los creen!.

Por último, destacar que COAG está valorando la convocatoria de movilizaciones de protesta por esta situación para exigir que se ponga solución de forma inmediata al problema que han creado.