A partir del 1 de enero de 2026, el Ministerio de Agricultura exigirá a los agricultores el registro electrónico de todos los tratamientos fitosanitarios aplicados en sus explotaciones. Esta nueva obligación, que busca reforzar la trazabilidad y el control del uso de estos productos, ha generado un amplio rechazo en el sector agrario.
LA UNIÓ ha expresado su oposición a esta medida, argumentando que supone una carga burocrática innecesaria, ya que la administración dispone de suficiente información a través de los sistemas de control ya implementados. La organización agraria ha trasladado su preocupación tanto por escrito como en una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García.
Duplicidad de datos y exceso de burocracia
Actualmente, los datos sobre el uso de productos fitosanitarios están integrados en el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX) que integra:
- Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones (RETO): permite conocer en tiempo real las compras de fitosanitarios por parte de los agricultores.
- Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO): garantiza que solo los agricultores formados y habilitados pueden adquirir y aplicar fitosanitarios.
- Registro de Explotaciones Agrarias (REA): vincula la compra de fitosanitarios con la superficie y cultivos declarados por cada agricultor.
- Cuaderno de Explotación: obligatorio desde 2013, ya recoge la aplicación de productos fitosanitarios.
A estos sistemas de control se suman certificaciones privadas como GlobalGAP, que imponen requisitos estrictos para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
“La administración ya dispone de toda esta información, por lo que el nuevo registro supone una duplicidad de datos y un aumento injustificado de la burocracia, sin aportar mejoras reales en la trazabilidad ni en la seguridad alimentaria”, denuncian desde LA UNIÓ.
Además, critican que la medida haya sido impuesta sin un análisis previo sobre su impacto en el sector agrario.
Propuestas de LA UNIÓ
LA UNIÓ ha presentado una propuesta alternativa para evitar esta sobrecarga burocrática y mejorar la eficiencia del control administrativo:
1. Sustituir el registro electrónico obligatorio por un sistema automatizado, que vincule las compras de fitosanitarios en RETO con las explotaciones registradas en REA
2. Mejorar la interoperabilidad del SIEX, permitiendo a la administración cruzar datos automáticamente, garantizando la trazabilidad sin requerir nuevos registros.
3. Establecer un sistema de alertas automáticas que detecte incoherencias entre las compras de fitosanitarios y la superficie/cultivos declarados en REA, facilitando el control sin burocracia adicional.
4. Ampliar RETO para incluir la identificación de explotaciones agrarias, eliminando así la obligación de los agricultores de registrar manualmente sus tratamientos fitosanitarios.
Críticas a la falta de control en fronteras
LA UNIÓ ha advertido que esta nueva carga administrativa llega en un momento crítico para los agricultores, que ya deben realizar numerosos tratamientos debido a la proliferación de nuevas plagas.
Desde la organización exigen que antes de aumentar las exigencias administrativas para los productores nacionales, se fortalezcan los controles en frontera para evitar la entrada de enfermedades y plagas que afectan a los cultivos.
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