España se ha situado como el primer país de la Unión Europea en superficie destinada a la producción ecológica y el sexto a nivel mundial, según los datos del último estudio de caracterización y proyección elaborado por el Ministerio de Agricultura. En 2023, la producción ecológica alcanzó los 4,94 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 47,9 % respecto al año anterior.

Este crecimiento ha tenido un reflejo económico notable: el valor total de la producción ecológica se situó en 5.962 M€, con un aumento del 77,92 % respecto a 2022, lo que confirma el avance del modelo ecológico como una alternativa estratégica y sostenible dentro del sistema agroalimentario español.

En lo relativo al consumo, el estudio señala que en 2022 el gasto en productos ecológicos fue de 2.916 M€, lo que supuso un aumento del 9,83 %. Esta cifra representa ya el 3,36 % del consumo alimentario total y un gasto medio per cápita de 60,65€. Entre los productos más consumidos figuran frutas y hortalizas frescas, carnes, huevos y leche.

En cuanto a los canales de distribución, han ganado cuota los supermercados, tiendas de descuento y el comercio online, mientras que los hipermercados han experimentado un retroceso. Por su parte, las exportaciones de productos ecológicos alcanzaron los 3.047 M€ —un 82,56 % más que en 2022—, superando ampliamente a las importaciones y generando un saldo comercial positivo de 1.567 M€. Los principales destinos fueron Alemania, Francia, Países Bajos, así como Estados Unidos, México, Reino Unido, Canadá y Japón.

La ganadería ecológica también reflejó una evolución positiva, con un crecimiento del 18,24 % y más de 11.000 actividades registradas en este ámbito.

Los datos fueron analizados en una mesa redonda celebrada este jueves, en la que participó el director general de Alimentación, junto a representantes de Asobio, Ecovalia y Anged. En el encuentro se destacó el compromiso institucional para consolidar la producción ecológica, enmarcado en la Estrategia Nacional de Alimentación, que contempla incentivos económicos, apoyo técnico y medidas específicas para favorecer tanto la producción como el consumo, incluyendo la creación de plataformas de comercialización.

Entre las acciones legislativas orientadas a este objetivo se recordó la ley de prevención del desperdicio alimentario y el real decreto que promueve una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, estableciendo que una parte del presupuesto alimentario debe destinarse a productos ecológicos.