El recorte del trasvase Tajo-Segura aprobado recientemente por el Gobierno de España ha generado un amplio rechazo por parte de las comunidades autónomas afectadas. Andalucía, junto a Murcia y Valencia, ha mostrado su oposición a esta decisión, que según estimaciones, podría generar pérdidas superiores a los 30M€ solo en la provincia de Almería, con un impacto directo en 5.000 hectáreas y afectando indirectamente a otras 24.000 destinadas principalmente a cultivos al aire libre en el Levante almeriense.

Las nuevas reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura han sido objeto de un acto de protesta celebrado en Murcia, convocado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), en el que participaron representantes de los tres gobiernos autonómicos. Durante el acto, la Junta de Andalucía expresó su rechazo a lo que considera una política «insolidaria», al entender que esta medida perjudica gravemente a regiones agrícolas que dependen del trasvase para mantener su actividad y desarrollo económico.

Desde el Gobierno andaluz se denuncia que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica se ha tomado de manera unilateral, sin contar con la participación ni colaboración de las comunidades directamente afectadas. Critican que esta reducción se produce, además, en un momento en que existen recursos hídricos disponibles, y alertan de que limita gravemente la capacidad productiva del sureste español, considerado como la huerta de Europa.

En este contexto, se advierte que el recorte podría poner en peligro la soberanía alimentaria de regiones como Andalucía, comprometiendo el volumen de exportaciones, la generación de empleo y el sostenimiento de miles de familias que viven directa o indirectamente de la agricultura. Se considera que esta decisión no solo afecta a los agricultores de Almería, Murcia y Alicante, sino que también repercute en el conjunto de la economía agroalimentaria del país.

La Junta de Andalucía ha manifestado su intención de recurrir esta decisión por todas las vías posibles: política, jurídica, técnica y social. Sostiene que no se está solicitando más agua de la disponible, sino el uso de un recurso que, según argumentan, puede trasvasarse sin dañar el medio ambiente y sin perjudicar a otras cuencas.

Asimismo, se ha criticado la falta de avances en el Plan Nacional del Agua, cuya ejecución sigue pendiente pese a contar con obras declaradas de interés general. En el caso de Andalucía, aún están sin ejecutar 118 actuaciones recogidas en dicho plan. Por el contrario, se acusa al Ejecutivo central de priorizar un “Plan Nacional de la Sequía”, condicionado por intereses políticos que, según estas regiones, castigan de forma continua al sureste peninsular.

Finalmente, desde la Junta de Andalucía se insiste en que el agua es un recurso natural y un bien público, cuya planificación y distribución corresponde al Estado como titular del dominio público hidráulico. Por ello, reclaman una política hídrica más equitativa que garantice la solidaridad entre territorios sin comprometer el desarrollo de zonas especialmente dependientes del regadío.