Castilla-La Mancha acudirá el próximo 14 de mayo a Bruselas con una propuesta conjunta del Gobierno autonómico, organizaciones agrarias y cooperativas para defender ocho medidas estratégicas que buscan garantizar el futuro del campo regional en el marco de la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC). La delegación estará encabezada por el presidente autonómico y contará con representantes de ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, tras reunirse con los máximos responsables de las organizaciones agrarias y cooperativas, en un encuentro en el que se ha reafirmado la unidad de acción ante los retos actuales del sector.

Entre las medidas que Castilla-La Mancha planteará en Bruselas al comisario de Agricultura, Christophe Hansen, destacan:

• Un marco financiero estable y suficiente para el conjunto de la PAC.

• Creación de un fondo específico para el relevo generacional, que facilite la incorporación de jóvenes al sector.

• Dotación adecuada para agricultura ecológica, que permita mantener el modelo en la región.

• Protección de la figura del agricultor activo, garantizando que las ayudas lleguen a quienes realmente trabajan la tierra.

• Defensa del producto europeo frente a importaciones, con medidas como las cláusulas espejo.

• Mayor flexibilidad en el apoyo al sector vitivinícola, especialmente en la Intervención Sectorial del Vino y las ayudas a la promoción exterior.

• Impulso al desarrollo de metodologías de cuantificación de carbono, que reconozcan el papel de la agricultura en la captura de CO₂.

• Más formación e innovación, que permita mejorar el uso eficiente de los recursos, la calidad de las producciones y la sostenibilidad de las explotaciones.

Además de estas propuestas, Castilla-La Mancha trasladará dos asuntos de actualidad. Por un lado, se pedirá protección ante posibles aranceles de Estados Unidos, para lo que el Gobierno regional constituirá el 15 de mayo un Observatorio específico que analice su impacto y diseñe una respuesta. Por otro, se defenderá la posición del sector vitivinícola castellanomanchego frente a los nuevos requisitos de etiquetado del vino propuestos por la Comisión Europea, que según la Junta podrían estigmatizar a un sector clave para la región, que representa el 5 % del PIB regional.