La organización agraria UPA-UCE ha protagonizado una protesta frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en Plasencia, denunciando la falta de actuación ante lo que consideran una situación de discriminación hacia un grupo de regantes de la Comunidad de la margen izquierda del río Alagón. El colectivo afectado se enfrenta a derramas impuestas de manera irregular por parte de la junta de gobierno de dicha comunidad, que grava exclusivamente a las explotaciones que riegan por impulsión.
Según explica UPA-UCE, pese a que los regantes presentaron quejas y documentación ante la Confederación advirtiendo de la ilegalidad de estas decisiones, el organismo no actuó en su función de supervisión. Esta pasividad ha derivado, según la organización, en perjuicios económicos para los afectados, que han tenido que asumir costes adicionales sin que se haya restablecido la equidad entre los regantes.
No fue hasta la existencia de una sentencia judicial firme cuando la CHT se vio obligada a intervenir, recuperando el sistema de reparto de costes original. Sin embargo, UPA-UCE advierte que la junta de gobierno de la Comunidad de Regantes ha vuelto a tomar decisiones que califican de arbitrarias, al reagrupar en un solo recibo los costes de los años 2021 a 2023, manteniendo el criterio de cargar solo a las explotaciones por impulsión los gastos de elevación.
Estas nuevas imposiciones supondrían un coste superior a los 600 €/ha, lo que se traduce en más de 700.000 € para el conjunto de los regantes afectados. Además, la campaña de riego de 2024 ya ha sido aprobada con un incremento adicional de 200 €/ha.
Ante esta situación, los regantes han solicitado una reunión urgente con el presidente de la CHT, sin haber recibido respuesta hasta la fecha. Por ello, han anunciado un calendario de movilizaciones con el apoyo de UPA-UCE Extremadura, exigiendo que se restablezca un sistema de reparto equitativo de costes y que se frene lo que consideran una medida injusta que compromete la viabilidad económica de las explotaciones afectadas.
Asimismo, han solicitado también una reunión con el consejero de Mundo Rural de Extremadura para que intervenga como máxima autoridad autonómica en materia de agua.
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