El Ministerio de Agricultura ha publicado un análisis sobre el funcionamiento del sistema de derechos individuales de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), exigido por la normativa vigente antes del 30 de junio de 2025. El informe repasa la evolución del sistema desde sus inicios y analiza los factores clave que influirán en su posible continuidad tras la plena convergencia prevista para 2029.
Un modelo basado en derechos regionalizados
Desde 2023, España aplica la ayuda básica a la renta mediante un sistema de derechos regionalizado. Se ha estructurado en 20 regiones basadas en la orientación productiva de los recintos agrícolas y su localización comarcal. El valor de cada derecho se calculó a partir de los derechos del régimen de pago básico existentes en 2022, lo que evitó una nueva asignación.
El modelo ha sido acompañado por un proceso de convergencia interna, que ajusta gradualmente los valores individuales hacia la media regional. Este mecanismo ha permitido reducir desigualdades, aunque su finalización está prevista en 2029.
Menos beneficiarios y presupuesto fragmentado
Los datos reflejan una tendencia a la baja en el número de beneficiarios. De los 786.707 en 2015 se ha pasado a 596.660 en 2024. A pesar de ello, el número total de derechos se ha mantenido estable en torno a los 19,6 millones. El importe total de la ayuda, que en 2022 alcanzaba los 2.783 M€, ha descendido a 2.391 M€ en 2024, debido a la separación de una parte del presupuesto para financiar la nueva ayuda redistributiva.
La media de derechos no solicitados por campaña se sitúa en torno a 145.000, con un valor estimado de 20,5 M€.
Cesiones de derechos y relevo generacional
El informe destaca el aumento de cesiones de derechos en 2023, superando las 85.000 operaciones. Las cesiones por arrendamiento con tierras son las más habituales, seguidas por las ventas sin tierras, que implican un peaje del 30 % salvo si el comprador es joven o nuevo agricultor.
En cuanto al acceso a través de la reserva nacional, se observa un repunte en 2023 y un leve descenso en 2024. La mayoría de los derechos asignados siguen destinados a jóvenes y nuevos agricultores, aunque se han incorporado dos nuevos perfiles: agricultores en desventaja y explotaciones en programas de reestructuración.
Retirada de derechos y nivel de activación
Los derechos no activados durante dos campañas consecutivas se transfieren a la reserva nacional. Desde 2017 se han retirado más de 800.000 derechos por valor de casi 100 M€. En la campaña 2023, se activaron el 98 % de los derechos asignados, un dato en línea con años anteriores.
El análisis también apunta a que el 10 % de la superficie determinada para ayudas directas no cuenta con derechos de ABRS, especialmente en las regiones de pastos.
Evaluación de factores regulatorios y administrativos
De cara a decidir sobre la continuidad del sistema más allá de 2027, el Ministerio señala que será clave conocer la nueva normativa comunitaria. Entre los factores a tener en cuenta figuran la definición de agricultor activo, el modelo de regionalización, la evolución de la convergencia y el grado de vinculación de las ayudas a los derechos.
También se subraya el elevado coste administrativo del sistema actual, con una inversión de 2 M€ solo en 2023 para desarrollar nuevas aplicaciones de gestión. Las cesiones, recursos y revisiones suponen una carga considerable para las administraciones y para los propios agricultores.
Posibles impactos sobre el mercado de la tierra
El análisis incluye una reflexión sobre el efecto que la existencia de derechos puede tener sobre el valor de la tierra, dependiendo de la relación entre superficie y volumen de derechos en cada región. También alerta sobre la necesidad de prever una transición ordenada para los contratos en vigor si se decidiera eliminar el sistema actual.
El informe completo, elaborado por la Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, constituye la base para la discusión futura sobre el mantenimiento o eliminación del sistema de derechos en la PAC post-2027.
Que quiten la PAC y que los productos tengan un valor justo!! que no dependa de subvenciones…x qué con estas ayudas a la superficie se la están llevando grandes propietarios de fincas sin producir prácticamente nada!!!Estan acabando con la Agricultura y ganadería productiva!!
No queremos limosnas de ka Pac, que pagen los productos y valonrem sal agricultor
Deben definir la figura de AGRICULTOR PROFESIONAL, en base a lo q cultive y la superficie q cultive directamente.justificado fehacientemente con la facturación de la venta de productos a su nombre
Y ESO SÍ QUE HAY QUE ASEGURAR QUE SEA VERDAD PORQUE EL AGRICULTOR PROFESIONAL NO TIENE FECHA DE HOY NINGUNA VENTAJA SOBREE EL AGRICULTOR «ESPECULATIVO»
Como dice el compañero de arriba hoy en día se están llevando las grandes ayudas fincas que por superficie o por titularidad sean legales. Pero nada más apartado de la realidad que quienn lo cultiva cobre la pac. Y si en algún caso la cultivan directamente , QUE LO COBRE EL AGRICULTOR DE ESAS TIERRAS VERDADERAMENTE.
Y los políticos de alguna forma es muy difícil lo que voy a a decir que si traen productos de otros sitios, que nos hacen una competencia feroz y desleal, que sean la misma garantías sanitarias con lo mismo que exigen a los agricultores europeos, y de la misma calidad
Igual que se tienen que quitar las ayuda, debe haber precios justos y que la explotación de la tierra sea bajo cualquier fórmula, con los mismos derechos y obligaciones para todos. En cualquier otra actividad la fórmula jurica la elije el dueño y no se la imponen con ventajas para unas determinadas fórmulas. Debe haber libertad del uso de la tierra y no obligaciones absurdas impuestas por burrocratas desde un despacho que en nada tienen lógica. La burrocracis debe desaparecer y simplificar la gestion.
Si quieres se incorporen jóvenes y haya relevo generacional, no debes obligar a lo que se está haciendo ahora, deja que se arriesguen y monten la explotación como consideren oportuno, sociedad, persona física, etc.
Un negocio como cualquier otro.
La seguridad jurídica hoy es inexistente, no se conoce la normativa con tiempo para planificar, sembrar, … Una vergüenza