El Gobierno de Navarra y las organizaciones agrarias subscribieron ayer n acuerdo conjunto que establece la posición de la Comunidad Foral de cara al debate sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2032. El documento será defendido ante el Gobierno central y las instituciones comunitarias a partir del próximo verano, cuando la Comisión Europea presente la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual.

El acuerdo ha sido firmado por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, junto a los representantes de UAGN, EHNE, UCAN y ALINAR, y recoge ocho puntos clave para garantizar una PAC más adaptada a las necesidades del sector primario navarro. Entre sus principales demandas destaca la necesidad de dotar a la futura PAC de un presupuesto sólido que responda a la situación de incertidumbre que atraviesan los agricultores y ganaderos europeos.

En el contexto actual, marcado por tensiones geopolíticas, compromisos de defensa y amortización de deuda, el documento alerta del riesgo de que los fondos agrícolas queden relegados en las prioridades presupuestarias de la UE. Las organizaciones firmantes rechazan cualquier recorte que afecte a las ayudas del sector y defienden el valor estratégico del modelo agroalimentario europeo, basado en la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la calidad.

Prioridad para las explotaciones familiares y la simplificación de la PAC

El acuerdo aboga por una reforma profunda del modelo actual que priorice a las explotaciones agrarias familiares, fomente el relevo generacional y potencie la economía social. Además, propone incentivar la transición verde desde un enfoque constructivo, centrado en estímulos en lugar de penalizaciones ambientales.

También se hace un llamamiento a simplificar los procedimientos administrativos de la PAC, considerados excesivamente complejos para los profesionales del campo, y se exige un refuerzo de los controles a productos importados para que cumplan las mismas condiciones ambientales, sanitarias y sociales que los exigidos en la UE, evitando así la competencia desleal.

Más protagonismo para las regiones

Otro de los aspectos destacados del documento es la reclamación de un mayor papel para las comunidades autónomas en la gestión de la PAC. Navarra y las organizaciones agrarias consideran que la aplicación de los programas debe adaptarse a la diversidad territorial de la Unión Europea, y por ello defienden una mayor descentralización en el diseño y ejecución de las políticas agrarias.

El texto ratifica la importancia de mantener los dos pilares de la PAC, especialmente en lo que respecta a las políticas de desarrollo rural, esenciales para impulsar la actividad económica en el medio rural y fijar población en el territorio.