ASAJA Córdoba ha alertado de que las exigencias de la Política Agraria Común (PAC) están contribuyendo a provocar incendios en olivares de la provincia, como ya ha ocurrido este verano en Santaella y Baena, y anteriormente en Montoro. La organización agraria atribuye estos siniestros a la obligación de mantener la cubierta vegetal para poder acceder a los pagos por ecorregímenes, sin posibilidad de incorporarla al terreno.

Según ASAJA, las condiciones meteorológicas de esta primavera, marcadas por lluvias abundantes, han favorecido un crecimiento excesivo de hierba en los olivares. Al no poderse eliminar eficazmente esta cubierta vegetal, y estar limitado el uso de herramientas mecánicas como las desbrozadoras —que pueden generar chispas al chocar con piedras—, el riesgo de incendio se incrementa de forma significativa.

Reclaman que se apliquen ya los cambios aprobados para 2026

La organización recuerda que ya presentó alegaciones el año pasado, tras incendios similares, y que el Ministerio de Agricultura ha aprobado eliminar esta obligación en secano a partir de 2026. Sin embargo, ASAJA Córdoba exige que dicha medida se aplique de forma inmediata y se amplíe también a las zonas de regadío, proponiendo además que el periodo de aplicación se adelante a marzo.

ASAJA denuncia que la actual PAC impone obligaciones “antiagronómicas” y burocráticas que no responden a la realidad de los cultivos y que están ocasionando graves perjuicios a los agricultores. La organización califica la normativa de “nefasta”, y advierte que si no se modifica de forma urgente, el número de incendios en olivar podría ir en aumento, con daños irreversibles para muchas explotaciones.

Piden medidas urgentes a la Consejería y al Ministerio

ASAJA Córdoba reclama tanto a la Consejería de Agricultura como al Ministerio de Agricultura que autoricen con carácter inmediato la eliminación de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, especialmente en olivar, para evitar nuevos incendios durante la temporada estival.

La organización advierte de que “empecinarse en no permitir su incorporación al terreno” ya ha tenido consecuencias visibles, y urge a las administraciones a adaptar la normativa a las particularidades del cultivo y del entorno.