La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) solicitaron ayer al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el inicio del procedimiento para aplicar coeficientes reductores que permitan a agricultores y ganaderos autónomos acceder a la jubilación anticipada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo.

La petición se basa en el carácter penoso y peligroso de la actividad agraria, así como en la elevada siniestralidad y morbilidad laboral que registra el sector. Ambas organizaciones han presentado un informe técnico-jurídico que justifica la aplicación de este mecanismo, ya recogido en la legislación vigente para profesiones de riesgo como la minería o los cuerpos de bomberos.

Alta siniestralidad y condiciones extremas

Según los datos aportados por COAG, en 2023 el sector agrario registró el índice de mortalidad laboral más alto del país, con 8,23 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores. El riesgo aumenta considerablemente a partir de los 55 años, superando las 20 muertes por cada 100.000 trabajadores en ese tramo de edad.

Las condiciones que agravan estos riesgos incluyen:

• Exposición prolongada a productos fitosanitarios y químicos.
• Uso habitual de maquinaria pesada, como tractores de hasta 35 toneladas.
• Sobreesfuerzo físico constante y jornadas prolongadas en condiciones climatológicas extremas.
• Trabajo en solitario en entornos remotos.
• Contacto directo con animales de gran tamaño y potencialmente peligrosos.

Desde COAG se recuerda que, a estas circunstancias, se suma la alta prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas, cardiovasculares y accidentes con resultado de amputación, lo que hace inviable mantener la actividad hasta los 67 años.

Convergencia de derechos para los autónomos del campo

UATAE ha recordado que el Estatuto del Trabajo Autónomo reconoce el derecho de este colectivo a converger en derechos con el régimen general. La organización defiende que la entrada en vigor del nuevo Real Decreto ofrece un marco legal para avanzar en ese objetivo, reconociendo la penosidad de actividades como la agricultura, la ganadería o la apicultura.

Ambas organizaciones también destacan la vulnerabilidad específica de las mujeres en el medio rural, sometidas a una doble carga física y mental, con un alto nivel de medicación en los últimos años de vida laboral y sin dejar de realizar tareas de riesgo.

Reclamación de justicia social

COAG insiste en que esta medida no responde a un privilegio, sino a una cuestión de justicia social, al tiempo que urge al Gobierno a actuar sin demora para aplicar los coeficientes reductores previstos en la ley. Tanto COAG como UATAE consideran que el campo no puede seguir asumiendo el coste físico y vital de una legislación que no se adapta a su realidad.