Los departamentos de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han mostrado su “decepción y rechazo” ante la propuesta presentada por la Comisión Europea para la futura Política Agraria Común (PAC) tras 2027, que contempla una reducción superior al 20 % de los fondos destinados y la integración de varias políticas en un único fondo de gestión estatal.
A la espera de un análisis detallado de las propuestas, desde el Gobierno Vasco ya han anunciado que defenderán con firmeza su autonomía de gestión y plantearán otro modelo de diseño de la PAC, adaptado a la realidad competencial de Euskadi. Denuncian que el nuevo planteamiento europeo pone en riesgo tanto la seguridad alimentaria de la UE como la capacidad productiva del sector agrario, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático, la inestabilidad geopolítica y el malestar generalizado entre los agricultores.
El Ejecutivo vasco considera inaceptable que se pretenda agrupar en un único fondo las políticas agraria, rural, pesquera y de cohesión, y que su gobernanza recaiga sobre los planes estatales, frente a la realidad institucional de regiones con capacidad de autogobierno como Euskadi. También critican que se haya planteado una gestión compartida multinivel con una complejidad incompatible con la simplificación que, según señalan, pregona la Comisión.
Desde el Departamento liderado por Amaia Barredo se insiste en que el planteamiento europeo invade el ámbito competencial exclusivo de las comunidades autónomas, como ya ocurrió —según recuerdan— con la elaboración del actual Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), en la que se ignoró la capacidad constitucional de autogobierno del País Vasco, otorgando todo el poder de diseño y coordinación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los responsables forales de Agricultura de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa también han suscrito esta posición conjunta, en la que se demanda mantener la articulación actual de la PAC en torno a dos pilares financiados por los fondos FEAGA y FEADER, así como garantizar bolsas financieras específicas para cada Estado o región. Además, se apuesta por permitir que cada territorio diseñe sus propias intervenciones según los objetivos comunes marcados desde Bruselas.
Las instituciones vascas consideran que la referencia a los modelos diferenciados de gestión reconocidos en Flandes y Valonia durante la reforma anterior puede servir de base para reclamar, por todas las vías jurídicas y políticas, el respeto a su capacidad regional de gestión.
Por último, aunque se reconoce que en el ámbito de las inversiones rurales podría explorarse cierta convergencia entre el FEADER y los fondos de cohesión a nivel regional, el Gobierno Vasco advierte de que unificar todos los fondos en un solo esquema nacional no solo supondría una regresión competencial, sino también un riesgo de ineficacia operativa para la gestión de las políticas agrarias, rurales y pesqueras
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