El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un paquete de ayudas urgentes por casi 3,5M€ para atender a agricultores, ganaderos y empresas turísticas afectadas por los 17 grandes incendios declarados este verano en la región, que arrasaron cerca de 50.000 hectáreas.
Para el sector agrícola y ganadero se destinarán hasta 2M€. Se contemplan 3.000€ por hectárea perdida en cultivos permanentes como cerezo, olivo y castaño; 500€ por cada unidad de ganado mayor, 100€ por colmena y 37€ por metro lineal de vallados dañados. Los beneficiarios no tendrán que presentar solicitud: el listado provisional se publicará en el DOE diez días después del decreto, salvo en el caso de los vallados, que podrán pedirse desde el día siguiente a la publicación.
Además, se habilita una línea de préstamos de hasta 60.000€ por beneficiario con intereses bonificados al 100%.
Declaración de Zonas de Actuación Urgente
Los terrenos afectados por los incendios de Caminomorisco y Jarilla han sido declarados Zona de Actuación Urgente (ZAU), lo que permitirá iniciar de inmediato labores de recuperación en 21 municipios, con más de 17.300 ha afectadas. Las actuaciones consistirán en la retirada de árboles quemados y el tratamiento de suelos para reducir la erosión y el arrastre de cenizas. La Junta solicitará al Gobierno central 2M€ para financiar estos trabajos.
Cambios normativos
El decreto-ley incorpora además modificaciones en varias leyes autonómicas para reforzar la prevención contra incendios. Entre ellas, la Ley de Protección Ambiental y la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible, con el fin de integrar medidas de prevención en zonas periurbanas.
También se modifica la Ley Agraria para que las infraestructuras preventivas contra incendios tengan la consideración de terreno forestal, lo que permitirá implantar especies agrícolas en montes públicos y crear mosaicos de paisaje más resistentes al fuego. Asimismo, se exigirá un plan de prevención validado para las instalaciones fotovoltaicas.
En paralelo, la Junta ha solicitado al Gobierno central cambiar la Ley de Montes para eliminar la prohibición de cambio de uso forestal durante 30 años tras un incendio cuando este se haya producido por causas naturales.
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