La Comisión Europea ha decidido retrasar un año, el plazo para la entrada en vigor del cuaderno de explotación digital obligatorio para el registro del uso de productos fitosanitarios. La medida, aprobada durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, lo que permitirá a los Estados miembros retrasar su aplicación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027, según ha informado ASAJA.

Un logro impulsado por la representación agraria en Europa

La decisión, confirmada verbalmente al Copa-Cogeca por la Comisión, ha sido calificada por ASAJA como una gran noticia para el sector agrario europeo y especialmente para el español. La organización destaca que este resultado ha sido posible gracias a la labor de representación y presión realizada dentro del Copa-Cogeca, donde ASAJA ocupa la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Sanidad Vegetal a través del dirigente valenciano Miguel Minguet.

Hace tan solo seis meses, la Comisión consideraba “poco factible” un aplazamiento de la medida. Sin embargo, la acción coordinada de ASAJA y del Copa-Cogeca ha logrado revertir esa postura e incorporar una cláusula de flexibilidad que ofrece seguridad jurídica y margen de adaptación a los agricultores profesionales de la Unión Europea.

ASAJA pide a España adoptar la prórroga y aplazar la medida hasta que haya garantías

Tras este resultado, ASAJA ha exigido al Gobierno de España que adopte formalmente la prórroga y se acoja a la posibilidad de posponer la obligación hasta 2027. No obstante, la organización reclama que la aplicación del cuaderno digital se aplace de forma indefinida hasta que existan garantías reales de transición y condiciones adecuadas para su implantación en el medio rural.

La organización advierte de que aún existen importantes limitaciones de conectividad a internet en amplias zonas rurales, así como una falta de formación y asesoramiento técnico, especialmente entre los agricultores de mayor edad. ASAJA subraya que esta obligación no puede convertirse en una carga administrativa añadida para los productores.

Exceso de burocracia y brecha digital en el campo

ASAJA considera que este avance es un paso importante para reducir la incertidumbre del sector, pero insiste en que debe ir acompañado de un desarrollo normativo realista y adaptado a la situación del campo. En el caso de España, la organización critica que el actual planteamiento del Reglamento de Ejecución 2023/564 incluye una carga burocrática “compleja e inasumible” para las explotaciones, tanto por el tipo de formato electrónico como por los plazos de comunicación de datos exigidos.

Finalmente, ASAJA insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura a presionar al Gobierno central para que traslade esta posición al ámbito comunitario y defienda una transición digital que sea viable para el conjunto del sector agrario español.