Los primeros posicionamientos del campo español tras el visto bueno de los Estados miembro de la UE para avanzar hacia la firma del acuerdo comercial UE–Mercosur coinciden en una idea central: es un acuerdo sin condiciones equivalentes para los agricultores y ganaderos y el impacto dependerá de cómo se apliquen en la práctica los mecanismos de control, la reciprocidad de normas y las cláusulas de salvaguardia, con la ratificación pendiente del Parlamento Europeo como siguiente hito decisivo.

La autorización comunitaria abre la puerta a la firma política del acuerdo, prevista para el 17 de enero en Asunción (Paraguay), según han informado varios medios.
Reciprocidad y competencia en los sectores sensibles
La preocupación por la falta de “igualdad de condiciones” vuelve a situarse en el centro del debate. ASAJA sostiene que el acuerdo no debería traducirse en que productos importados compitan en el mercado europeo con exigencias distintas a las que se imponen a agricultores y ganaderos de la UE en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios. La organización alerta, además, de riesgos ligados a la trazabilidad y a la entrada de mercancías producidas con sustancias no autorizadas en la UE, y pone el foco en la eficacia real de los controles en frontera.
“Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera,” señalan desde ASAJA.
En esa misma línea, COAG Andalucía rechaza el acuerdo al considerar que puede aumentar la dependencia alimentaria de terceros países y abrir la puerta a importaciones que no cumplirían los estándares exigidos dentro de la UE, con efectos directos sobre la competencia en el campo y sobre la confianza del consumidor. La organización enmarca el debate como un asunto estratégico y reclama una posición más firme del Gobierno de España.
«El acuerdo tiene repercusiones gravísimas, como perder la capacidad de alimentar a nuestra población día a día y ser dependientes de países terceros», indican desde COAG.
Por su parte, Unión de Uniones carga contra el respaldo del Gobierno al acuerdo y cuestiona el valor práctico de las salvaguardias si no hay reciprocidad real y compromisos claros del bloque sudamericano. También subraya que el proceso no termina con la autorización para la firma, ya que el acuerdo deberá superar el trámite del Parlamento Europeo y, previsiblemente, otras fases de ratificación.
“Sin cláusulas espejo obligatorias, sin controles reales y sin salvaguardas automáticas, este acuerdo es un mal acuerdo para el campo europeo,» destaca Unión de Uniones.
Salvaguardias, controles y la batalla que pasa al Parlamento Europeo
UPA ofrece una primera lectura más matizada. Critica la falta de diálogo y transparencia durante años, pero sostiene que en las últimas semanas se han incorporado mejoras tras la presión del sector, especialmente en materia de salvaguardias, reciprocidad y refuerzo de controles. La organización considera que el texto abre oportunidades para algunas producciones españolas como vino, aceite de oliva o parte del lácteo, mientras advierte de un seguimiento estrecho en sectores que ve más expuestos, como vacuno de carne, avícola, miel, arroz o maíz.
.“La presión en las calles y las reuniones con los comisarios nos han permitido tener hoy un mejor acuerdo del que había en un inicio”, recuerdan desde UPA.
En paralelo, ASAJA señala que la utilidad de las salvaguardias dependerá de su activación rápida y de un refuerzo inmediato de los sistemas de inspección, y anuncia que intensificará su interlocución ante la Eurocámara, al entender que la ratificación parlamentaria será determinante para el desenlace del acuerdo.





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