Adoptadas nuevas normas contra prácticas comerciales desleales transfronterizas

Ayer el Consejo de la UE adoptó el Reglamento relativo al establecimiento de nuevas normas para luchar contra las prácticas comerciales desleales transfronterizas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Estas nuevas normas tienen por objeto mejorar la cooperación entre las autoridades de la UE responsables de hacer cumplir normas sobre prácticas comerciales desleales en aquellos casos en que los proveedores y los compradores se encuentren en Estados miembros distintos.

El Reglamento establece un conjunto de normas entre las que destacan:

• Mejorar la cooperación transnacional cuando los proveedores y los compradores se encuentren en diferentes Estados miembros.

• Introducir un mecanismo de asistencia mutua, que permitirá a las autoridades nacionales de ejecución solicitar e intercambiar información o colaborar en investigaciones relacionadas con prácticas comerciales desleales.

• Facilitar la ejecución de decisiones relativas a multas o sanciones impuestas en otro Estado miembro, apoyará la coordinación de medidas de ejecución y permitirá a los Estados miembros notificar decisiones relacionadas con prácticas comerciales desleales.

• Introducir normas sobre la distribución de los costes en casos de asistencia mutua, así como normas sobre la protección de datos y la confidencialidad de la información, para garantizar que los agricultores y los proveedores estén a salvo de posibles represalias.

• Establecer un mecanismo de acción coordinada para los casos de prácticas comerciales desleales transfronterizas a gran escala en las que estén implicados al menos tres países de la UE. En tales casos, se designaría un coordinador para facilitar la respuesta.

El Reglamento contiene normas para la cooperación entre los Estados miembros cuando se den prácticas comerciales desleales por parte de compradores de fuera de la UE, con el fin de ofrecer mayor protección a los agricultores europeos.

Las nuevas normas entrarán en vigor en un plazo de 18 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE, para que los Estados miembros tengan tiempo de preparar la aplicación de este nuevo marco jurídico.