Protestar en Asturias le sale al ganadero a 601€

Decenas de productores agrarios en Asturias han comenzado a recibir notificaciones de sanción por las protestas llevadas a cabo el pasado 29 de enero contra el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Las multas, que ascienden a 601 € —reducibles a 300 € por pronto pago—, se fundamentan en la supuesta obstaculización del tráfico en puntos estratégicos como la A-8, la N-634, Campomanes y La Franca.

Según los datos recopilados por las organizaciones URA y GANAGRI, se han contabilizado más de 30 denuncias generales en la región, afectando incluso a la propia estructura de URA por la coordinación de las tractoradas.

Denuncias por identificaciones irregulares

El sector ha mostrado su indignación ante lo que consideran un procedimiento indiscriminado. Las organizaciones agrarias sostienen que las sanciones se basan en documentos genéricos que no se ajustan a la realidad horaria de los hechos. Entre las situaciones denunciadas, se encuentran multas a personas que no participaron en los cortes de carretera, incluyendo a ciudadanos que se encontraban en establecimientos hosteleros o retirando vehículos de aparcamientos privados en las zonas próximas a las protestas.

Desde las organizaciones ganaderas se ha señalado que, durante las movilizaciones, agentes de la Guardia Civil solicitaron identificaciones asegurando que se trataba de un trámite informativo sin consecuencias sancionadoras. Además, los afectados defienden que, en diversos puntos del Oriente, la actitud fue cívica y se siguieron las instrucciones de las fuerzas de seguridad sin que se produjeran actos vandálicos.

Tensión política y defensa institucional

La reacción de las organizaciones agrarias, ha sido contundente, calificando las sanciones de maniobra represora destinada a disuadir futuras protestas. En respuesta, han exigido la dimisión de la delegada del Gobierno en Asturias y han puesto en marcha servicios jurídicos gratuitos para presentar recursos conjuntos. No obstante, las entidades admiten que el riesgo económico está empujando a muchos profesionales a aceptar el pago reducido para evitar costes mayores.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha defendido la legalidad de las actuaciones policiales. La delegada, Adriana Lastra, indicó que las protestas pusieron en riesgo la seguridad vial y afectaron a la libertad de circulación de los conductores. Según la versión oficial, se detectaron quemas de neumáticos y pacas de paja en las autovías, acciones que justifican la vía sancionadora por encima del derecho a la reivindicación.

El conflicto de fondo permanece en el rechazo del sector al acuerdo con Mercosur, que los productores denuncian por generar competencia desleal frente a las exigencias sanitarias europeas. Organizaciones sindicales ajenas al campo, como CCOO, también han solicitado que se priorice el diálogo institucional frente a una política de multas que afecta a la economía de las familias rurales.