Un grupo de quince Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, reclamó ayer martes a la Comisión Europea que incremente las asignaciones presupuestarias destinadas a la Política Agrícola Común (PAC), la Política de Cohesión y la Política Pesquera Común (PPC) en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. La exigencia llega de los denominados Amigos de la Cohesión, una alianza informal de Estados miembros que agrupa principalmente a economías receptoras netas de fondos europeos y que actúa de forma coordinada en las negociaciones presupuestarias de la UE.
El campo, en el lado de los recortes
En una declaración conjunta suscrita ayer, los quince gobiernos —España, Bulgaria, Chequia, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia— advirtieron de que la PAC, la Política de Cohesión y la PPC son las únicas políticas que, según la propuesta actual de la Comisión, sufrirían recortes en términos reales pese al aumento global del presupuesto comunitario. El grupo subrayó que ambas políticas son las de mayor visibilidad para los ciudadanos europeos y que sus objetivos, recogidos en los Tratados, siguen siendo plenamente pertinentes en materia de convergencia económica, crecimiento y seguridad alimentaria.
Los firmantes reclamaron además condiciones de ejecución que garanticen la eficacia de los fondos en gestión compartida. En ese sentido, defendieron el mantenimiento de la regla N+3 para las liberaciones de compromisos, perfiles equilibrados de pagos y tasas adecuadas de prefinanciación y cofinanciación para las medidas de la PAC, la PPC y la Política de Cohesión. También pidieron que la programación de las asignaciones siga siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, rechazando que el mecanismo de orientación propuesto derive en obligaciones que contradigan el principio de gestión compartida.
La cohesión, sin convertirse en fondo de emergencia
El grupo se opuso asimismo a que la Política de Cohesión se convierta en un instrumento sistemático de gestión de crisis, función que consideran propia de otros mecanismos comunitarios. En concreto, solicitaron reducir la reserva del 10% para crisis prevista en la propuesta y que cualquier reprogramación de medidas en curso siga siendo voluntaria para los Estados miembros.
En materia de financiación, la alianza se mostró abierta a explorar nuevos recursos propios que alivien la presión sobre los presupuestos nacionales, siempre que sean justos, sencillos y no regresivos, y que su debate quede vinculado a las negociaciones globales del MFP. El colectivo reclamó también la supresión de las compensaciones ligadas al recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta, para las que descartó cualquier justificación política o económica.
La declaración fue suscrita en el marco de las negociaciones en curso sobre el MFP 2028-2034, el instrumento presupuestario que fijará el gasto de la Unión Europea durante el próximo septenio.
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