La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II ha presentado sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) del Plan Hidrológico del Guadiana 2028-2033. La entidad rechaza de forma tajante la aplicación de nuevas restricciones sobre el regadío y exige a las administraciones que ejecuten las infraestructuras hidráulicas que llevan pendientes desde hace décadas, además de cumplir los compromisos adquiridos con el territorio.
Desde el colectivo consideran que, tras más de veinte años de restricciones, reducciones de dotaciones, controles y limitaciones a los productores, la propia Administración reconoce que las medidas aplicadas no han sido suficientes para recuperar las masas de agua subterránea. En este sentido, la organización apunta que el sector ya ha cumplido modernizando regadíos, reduciendo consumos e instalando sistemas de control, por lo que ahora corresponde a la Administración cumplir con las inversiones.
Amenaza al motor económico de La Mancha
Entre las principales preocupaciones de los regantes figura la posibilidad de que el nuevo ciclo de planificación incluya nuevas reducciones de dotaciones, la extinción de concesiones de riego al finalizar su plazo, la expropiación de derechos de agua o la creación de nuevos cánones sobre las aguas subterráneas. La CUAS Mancha Occidental II advierte que estas medidas supondrían un grave perjuicio económico para cientos de explotaciones familiares y para el conjunto de la economía rural de la comarca, donde el regadío constituye el principal motor económico y de fijación de población.
Las alegaciones insisten en que la solución pasa por ejecutar las obras hidráulicas que durante años han sido anunciadas y presupuestadas, pero cuyo grado de desarrollo actual es ínfimo. Entre las actuaciones reclamadas destacan la finalización de todos los ramales de la Tubería Manchega, la ejecución de obras de regulación y almacenamiento, el impulso a la reutilización de aguas regeneradas, la recarga artificial de acuíferos y el cumplimiento de los compromisos previstos en el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
La entidad califica de injustificable que se planteen nuevas limitaciones mientras siguen sin ejecutarse infraestructuras declaradas de interés general hace más de veinte años. Por ello, reclama seguridad jurídica para las explotaciones agrarias, solicitando que se mantengan y renueven los derechos concesionales vigentes y que continúe la aplicación del PEAG hasta que se alcancen los objetivos medioambientales europeos y estatales.
Los regantes consideran imprescindible que la planificación hidrológica del próximo ciclo contemple medidas realistas y compatibles con la actividad agraria, basadas en datos actualizados sobre la evolución de los acuíferos y las mejoras de eficiencia implantadas por el sector. La organización concluye que la sostenibilidad del agua es un objetivo compartido que no puede seguir descansando exclusivamente sobre los agricultores, requiriendo una visión integral que combine la protección del recurso con inversiones públicas y desarrollo rural.
La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II es una entidad pública de gestión que cuenta con más de 90.000 ha de regadío y unos 9.000 usuarios de municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
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