Agricultores de Extremadura y Aragón, así como la Asociación General de Productores de maíz de España (AGPME), han manifestado su rotunda oposición ante la decisión del Ministerio de Agricultura de denegar la autorización excepcional de la Abamectina. Esta materia activa representa el único acaricida eficaz disponible para el control de la araña roja en el cultivo del maíz, una de las plagas más agresivas y destructivas para las explotaciones. Tanto la AGPME, como Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y ASAJA Aragón advierten de que la prohibición de este producto compromete seriamente la viabilidad y rentabilidad de la presente campaña agrícola.
El clima acelera la amenaza fitosanitaria
La falta de herramientas eficaces para combatir la plaga sitúa a los productores en un escenario de extrema vulnerabilidad. Las altas temperaturas registradas desde el inicio del ciclo del cultivo amenazan con adelantar la proliferación de la araña roja entre 15 y 20 días en zonas como el Valle del Ebro. Desde la organización aragonesa se denuncia que las alternativas propuestas por la administración central resultan económicamente inviables y presentan una eficacia claramente inferior, obligando a los profesionales a incrementar el número de tratamientos y los costes de producción en un contexto ya condicionado por la incertidumbre internacional.
La acumulación de restricciones fitosanitarias agrava la sanidad vegetal del medio rural y se suma a anteriores negativas ministeriales sobre otras materias clave como la Metribucina o el Spirotetramat, este último esencial en Extremadura para el tomate de industria. El colectivo cooperativo extremeño subraya que las autorizaciones excepcionales están reguladas por la normativa europea precisamente para dar respuesta a situaciones extraordinarias donde no existen alternativas viables de control, por lo que consideran incomprensible el rechazo técnico a sus solicitudes.
Las entidades agrarias coinciden en señalar la creciente desigualdad competitiva que sufren los agricultores españoles frente al resto de productores europeos. Mientras otros Estados miembros sí conceden autorizaciones excepcionales para estas mismas materias activas, el mercado nacional queda desprotegido. A esta asimetría regulatoria se añade la competencia desleal que supone la entrada en la Unión Europea de importaciones de terceros países cultivadas con sustancias fitosanitarias estrictamente prohibidas para los productores locales.
El encarecimiento generalizado de los factores productivos, especialmente los energéticos debido a la inestabilidad internacional y la crisis en el estrecho de Ormuz, eleva la presión sobre las explotaciones. En regiones productoras como Aragón, los agricultores requieren alcanzar rendimientos de entre 12.000 y 15.000 kg/ha únicamente para cubrir los costes de producción. Ante este escenario, cualquier merma productiva provocada por la acción de la fauna nociva aboca al abandono de la actividad y pone en jaque sectores estratégicos que garantizan la soberanía alimentaria nacional.
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