La organización agraria ASAJA Castilla y León ha manifestado su valoración positiva ante el acuerdo político alcanzado entre el PP y VOX para conformar un Gobierno que dote de estabilidad a la comunidad tras las elecciones autonómicas. La entidad venía reclamando la constitución de un Ejecutivo que saliera de la situación de funciones para poder afrontar de forma prioritaria los problemas y retos que arrastra el sector primario en la región.
Competencias unificadas contra la fauna salvaje
Entre las medidas del acuerdo, el colectivo valora especialmente el diseño de una macroconsejería de Agricultura que asumirá también las competencias de la política ambiental y la gestión de la caza. Desde la organización señalan que unificar estas áreas resulta clave para atajar los problemas de la fauna salvaje, que provoca graves daños en los cultivos, ataques al ganado de abasto y la transmisión de enfermedades comunes. No obstante, la entidad advierte de que este departamento renovado debe llegar convenientemente dotado de los recursos humanos y económicos necesarios.
Respecto al programa pactado en materia agraria y medioambiental, la organización considera que en muchos casos se trata de meras declaraciones de intenciones con escasa concreción, que adolecen de falta de plazos y compromisos presupuestarios. Asimismo, apunta que algunas medidas exceden las competencias autonómicas o buscan el enfrentamiento institucional, al tiempo que recuerda las discrepancias que ambos partidos han mostrado históricamente en el Congreso o en el Parlamento Europeo, aunque celebra que el documento no haya entrado en terrenos conflictivos.
En el plano fiscal, la organización agraria ve con buenos ojos las rebajas impositivas anunciadas para familias y empresas. El sector destaca de forma particular la promesa de reducir los impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas, orientada de manera específica al medio rural, así como el compromiso de mantener la bonificación del 95% en las tasas veterinarias.
Por último, el colectivo califica de ambicioso el pacto en política hidráulica y en la preservación del suelo agrícola frente a la especulación de los fondos que promueven instalaciones fotovoltaicas. Sin embargo, recuerda que el grueso de las competencias recae en el Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por todo ello, la organización insta a acortar al máximo los plazos de investidura y nombramiento de altos cargos para comenzar a gestionar las urgencias de los agricultores y ganaderos.
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