El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha investigado al titular de una explotación hortícola intensiva de Burujón, en Toledo, como presunto autor de delitos contra la salud pública y el medio ambiente. La operación Sangou ha permitido confirmar la presencia de sustancias químicas prohibidas en verduras y hortalizas que se distribuían a diferentes cadenas de supermercados.
600 envases sin etiqueta ni registro
Durante la inspección de los invernaderos, los agentes localizaron un almacén clandestino con más de 600 envases de productos fitosanitarios de procedencia asiática que habrían sido introducidos en España al margen de los canales legales de importación. Los envases carecían de etiquetado reglamentario, número de registro del fabricante, información sobre toxicidad, pictogramas de seguridad y dosis de aplicación, lo que suponía un riesgo grave tanto para quienes los manipulaban como para los consumidores finales.
El análisis preliminar de las sustancias reveló la presencia de principios activos de extrema peligrosidad, muchos de ellos prohibidos o cuya autorización no ha sido renovada por la normativa de la Unión Europea debido a sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Las muestras tomadas de tierra y de hojas de las hortalizas cultivadas confirmaron en laboratorio la presencia de esas sustancias en los alimentos, con el consiguiente riesgo de que llegaran al consumidor con trazas de alta toxicidad.
Vertidos a metros de un arroyo
La investigación también puso al descubierto graves deficiencias medioambientales e higiénico-sanitarias. Los agentes hallaron una fosa utilizada para la quema de envases fitosanitarios junto a otros residuos, y una estación de repostaje artesanal e improvisada que habría provocado vertidos directos de hidrocarburos sobre un terreno situado a escasos metros del arroyo de Alcubillete, cauce que atraviesa la explotación, con riesgo real de contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
La operación fue desarrollada por el Seprona en colaboración con inspectores de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y un agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
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