Organizaciones agrarias como ASAJA Castilla-La Mancha, APAG Guadalajara y UPA Castilla-La Mancha, denuncian la situación límite que atraviesan numerosos productores de cereal de la región a causa de las restricciones al cosechado impuestas por la Consejería de Desarrollo Sostenible a través de los mapas diarios del Índice de Propagación Potencial (IPP), especialmente graves en el tramo final de campaña en Guadalajara y Cuenca.
Las organizaciones agrarias denuncian que estos mapas, lejos de ofrecer una herramienta útil para planificar el trabajo, se modifican incluso durante la propia jornada, generan incertidumbre absoluta entre los agricultores y se publican, según critica Asaja CLM, a las siete de la tarde, lo que impide organizar con antelación la jornada del día siguiente. Ambas organizaciones consideran además inadmisible que el mapa elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para fijar las zonas de riesgo extremo no coincida con el IPP publicado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una circunstancia que, según denuncian, se repite y alimenta las dudas del sector sobre la elaboración de este índice.
Como consecuencia, numerosas parcelas permanecen sin cosechar —hasta el 50 % del cereal en las provincias de Cuenca y Guadalajara, según APAG—, mientras aumenta el desgrane y la fauna salvaje consume una cosecha que representa el esfuerzo de todo un año, unas pérdidas que, denuncian las organizaciones, nadie compensará. UPA CLM y Asaja CLM coinciden en que algunas de las medidas preventivas exigidas, como disponer de trabajadores o maquinaria adicional, un depósito de agua de 400 litros y una manguera de 50 metros, resultan inasumibles para la mayoría de las explotaciones familiares.
Ante esta situación, la Comisión Permanente de APAG ha decidido movilizarse: en cuanto se publique un nuevo mapa con IPP extremo, los agricultores saldrán a las carreteras con cosechadoras, tractores, camiones y otros vehículos. Su presidente, Juan José Laso, ha calificado de «vergüenza» la gestión de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de «situación gravísima» la que atraviesan los agricultores de la provincia y de la región. Por su parte, Asaja Castilla-La Mancha estudia con sus servicios jurídicos emprender acciones legales contra el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, que podrían derivar en una petición de compensaciones, y reitera su exigencia del cese del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, al que acusa de una gestión sin empatía hacia los agricultores.
UPA CLM, por su parte, exige a la Consejería una revisión urgente del sistema de aplicación de las restricciones, que garantice mapas estables, con antelación suficiente y sin modificaciones continuas, así como medidas proporcionadas y técnicamente justificadas. La organización ha solicitado una reunión urgente con la Consejería para acordar soluciones inmediatas que permitan a los cerealistas terminar la campaña sin seguir acumulando pérdidas, y advierte de que, de no corregirse la situación, muchas explotaciones verán comprometida su viabilidad.
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