La contratación del seguro agrario para la cereza en Alicante se ha desplomado un 63,46% entre 2021 y 2026, según los datos analizados por el área de Seguros de ASAJA Alicante. La organización ha trasladado a la Conselleria de Agricultura la urgencia de reformar esta línea de aseguramiento y ha exigido a la Generalitat que asuma y defienda ante el Ministerio, ENESA y Agroseguro las propuestas que remitió hace más de un año para el Plan 2026 y que, según denuncia, no han sido atendidas.
La Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados, aprobada por unanimidad como primera ley de la democracia, concibió el seguro como un instrumento de política agraria para garantizar la continuidad de las explotaciones frente a las adversidades climáticas, no como un producto sujeto exclusivamente a criterios mercantiles. Para ASAJA Alicante, la caída en la contratación no responde a una reducción del riesgo, sino a que «el seguro ha dejado de responder a la realidad del campo».
La organización considera inviable, tal y como está planteada, la cobertura de daños por helada y lluvias en el conjunto de la explotación, dado que la mayoría de fincas de cereza combinan variedades que van de la extratemprana a la muy tardía para cubrir todo el periodo productivo. El responsable del departamento de Seguros Agrarios de ASAJA Alicante, Antonio Gascón, planteó valorar los daños por grupos varietales según sus fechas de floración y recolección.
A ello se suman las medidas que individualizan las coberturas en función de la siniestralidad registrada en los últimos años en cada explotación. Como consecuencia, algunas fincas tradicionales de la provincia no pueden contratar ya los riesgos de helada y de falta de cosecha por condiciones meteorológicas adversas, lo que las deja sin ninguna posibilidad de protección frente a estos riesgos.
La Comunitat Valenciana es la autonomía que más fondos destina a subvencionar la contratación de seguros agrarios, con cerca de 35 millones de euros anuales. La entidad considera que esa financiación no es suficiente y reclama a la administración que exija además que el sistema funcione, recuperando los principios de universalidad y solidaridad con los que nació el seguro agrario. La reclamación llega en un contexto especialmente crítico para la cereza alicantina, que encadena seis campañas marcadas por la sequía, las adversidades climáticas y el aumento de los costes de producción.
Riesgo de abandono y despoblación
Cuando un agricultor deja de contratar el seguro porque las pólizas resultan inasumibles o no se ajustan a la realidad del cultivo, pierde su red de seguridad ante cualquier adversidad climática. Si ese mismo año sufre un siniestro, en muchos casos la explotación termina cerrando, al no poder asumir unas pérdidas que hacen inviable continuar con la actividad. Cada cierre acrecienta el riesgo de despoblación en las comarcas de montaña del interior de Alicante, con un efecto económico, paisajístico, ambiental y social sobre los municipios que dependen de este cultivo.
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