La Comisión Europea ha concluido, tras evaluar la Directiva de Nitratos (91/676/CEE), que el límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea procedente de estiércoles ganaderos debe mantenerse sin cambios. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la decisión supone una oportunidad perdida para adaptar la normativa a la realidad agraria, tecnológica y climática de 2026, y reclama a Bruselas que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales para reducir la dependencia exterior.
Desde la organización se respeta el trabajo técnico de la Comisión, pero se insiste en que mantener sin cambios un límite fijado hace más de treinta años ignora los avances logrados en gestión de purines, agricultura de precisión, tratamiento de estiércoles, digestión anaerobia, valorización del digestato y sistemas de monitorización de nutrientes. Los propios documentos comunitarios reconocen, según COAG, que el problema principal no reside en el valor de 170 kg N/ha, sino en la concentración de la producción ganadera en determinadas regiones europeas, por lo que la solución pasaría por una gestión más eficiente y circular de los nutrientes antes que por mantener un límite uniforme para todo el territorio.
La organización agraria respalda su argumento con datos: la gestión de estiércoles logró reducir sus emisiones de amoniaco un 14,9% en 2024, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura el 18 de agosto, gracias en buena parte a la implantación progresiva de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) en el sector porcino intensivo y en el avícola.
Elevar a 250 kg
COAG propone abrir un proceso de revisión que permita elevar el límite hasta 230 o 250 kg de nitrógeno por hectárea en las explotaciones y zonas que puedan demostrar, mediante criterios científicos y controles objetivos, un equilibrio entre las aportaciones de nitrógeno y las necesidades reales de los cultivos, la ausencia de impacto sobre las masas de agua, planes de abonado basados en análisis de suelo, el uso de tecnologías de tratamiento de purines y digestatos, y sistemas de trazabilidad que garanticen el cumplimiento ambiental. España cuenta ya con una herramienta que haría viable ese control diferenciado: el sistema informatizado Ecogan, que recoge de forma individualizada la información de cada granja comunicada por sus titulares y notificada por las comunidades autónomas al ministerio, y que permitiría identificar qué explotaciones cumplen los criterios de gestión sostenible necesarios para acceder a los nuevos límites.
Otros países tienen límites más altos
Varios países europeos han obtenido excepciones similares en los últimos años. Irlanda ha podido aplicar hasta 250 kg N/ha en determinadas explotaciones de vacuno de leche, mientras que los Países Bajos, Bélgica (Flandes) o Dinamarca han contado con distintos regímenes de derogación o autorizaciones específicas en función de las características de sus sistemas productivos y de las garantías ambientales aportadas.
Para COAG, la propuesta permitiría aprovechar mejor un recurso fertilizante de origen orgánico, reducir la dependencia de fertilizantes minerales importados —cuyo precio y disponibilidad se ven afectados por la volatilidad internacional— y avanzar hacia una economía circular más eficiente. El sector sigue expuesto a esa volatilidad: el consumo de fertilizantes nitrogenados, y en particular de urea, se disparó con el estallido de la guerra de Ucrania en 2022 y mantuvo precios elevados durante buena parte de 2023; tras el repunte de consumo registrado en 2024, ya con precios estabilizados, la crisis en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz vuelven a poner de relieve esa dependencia exterior. La organización considera además prioritario impulsar mecanismos que favorezcan la transferencia de nutrientes desde las comarcas con mayor concentración ganadera hacia las zonas agrícolas con déficit de materia orgánica, para equilibrar el territorio y reducir la presión ambiental donde realmente existe.
COAG defiende una política agraria basada en la evidencia científica, la innovación y la sostenibilidad, y sostiene que proteger el agua y mantener explotaciones ganaderas viables no son objetivos incompatibles. La organización insiste en que la protección de las aguas debe seguir siendo un objetivo irrenunciable, pero considera que la normativa debe evolucionar al ritmo de la innovación, con herramientas que hoy permiten gestionar los nutrientes con mucha mayor precisión que hace treinta años.
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