Los precios del aceite de oliva acumulan una caída superior al 15% desde el inicio de la campaña en curso, hasta situarse muy por debajo de los niveles de las últimas temporadas, pese a que la próxima cosecha en la Comunitat Valenciana no se generalizará hasta finales de septiembre y, sobre todo, los meses posteriores. LA UNIÓ Llauradora ha mostrado su preocupación por esta evolución a la baja y advierte de que la presión puede trasladarse a los productores valencianos antes incluso de que arranque la recolección.

Según la organización, la caída de las cotizaciones no parece responder únicamente al balance real de oferta y demanda. En el conjunto del Estado, la producción de la presente campaña ha sido un 9% inferior a la anterior, la comercialización se ha reducido un 2,6% y las existencias finales son solo un 6% superiores: datos que, a su juicio, no explican por sí solos un desplome del 15% en el precio del virgen extra.
La organización considera especialmente preocupante que esta presión bajista se produzca cuando todavía no existe una estimación consolidada de la cosecha 2026-2027: en la Comunitat Valenciana las aceitunas siguen en pleno desarrollo, y habrá que esperar a las próximas semanas para comprobar cómo afectan las altas temperaturas y la disponibilidad hídrica al rendimiento final de las explotaciones. «Resulta difícil explicar a un olivicultor que el precio empiece a caer con fuerza cuando todavía no sabe siquiera cuántos kilos va a recoger. Adelantar grandes previsiones de cosecha sin conocer todavía el efecto final del verano puede generar unas expectativas que presionen artificialmente el mercado a la baja», señala la organización.
Importaciones un 16% por encima de la media
LA UNIÓ apunta además a las importaciones españolas de aceite de oliva, que se sitúan alrededor de un 16% por encima de la media de las cuatro últimas campañas, un factor que, a su juicio, puede añadir presión al mercado justo en los meses previos al arranque de la nueva cosecha. La organización considera que no se puede favorecer una entrada creciente de aceite de terceros países sin garantizar condiciones de competencia equivalentes, dado que los productores europeos deben cumplir exigencias productivas, ambientales, laborales y fitosanitarias que no siempre tienen su equivalente en los países de origen de esas importaciones.
La situación resulta especialmente sensible para la Comunitat Valenciana, donde buena parte del olivar responde a modelos tradicionales de secano, ubicados en zonas de interior o de montaña, con menores posibilidades de mecanización y unos costes unitarios de producción superiores a los de los sistemas más intensivos.
Costes al alza, rentabilidad en riesgo
A la presión sobre los precios se suma el encarecimiento de los costes de producción, que según los últimos estudios de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) han aumentado cerca de un 12% en los últimos tres años. Para LA UNIÓ, la combinación de costes elevados y cotizaciones a la baja puede volver a situar numerosas explotaciones tradicionales por debajo de sus umbrales de rentabilidad.
La organización reclama al Ministerio de Agricultura mayor transparencia y actualización de la información sobre existencias, importaciones, operaciones comerciales y previsiones de cosecha, de forma que todos los operadores dispongan de los mismos datos y se eviten movimientos especulativos que perjudiquen al eslabón productor. Pide también reforzar el seguimiento de las importaciones, identificar con claridad sus países de origen y garantizar que los productos de terceros países cumplen condiciones equivalentes a las exigidas a los productores europeos.
«El olivar valenciano no puede competir únicamente reduciendo costes porque buena parte de nuestras explotaciones cumplen además una función territorial, ambiental y social fundamental. Mantienen actividad económica en numerosos municipios de interior, conservan el paisaje y contribuyen a reducir el abandono del territorio», señalan desde LA UNIÓ.
La organización insiste en que defender el aceite de oliva no consiste solo en promocionar sus cualidades entre los consumidores, sino también en garantizar que el precio percibido por el productor cubra sus costes y permita una remuneración digna, y reclama que ningún agente de la cadena utilice previsiones todavía inciertas sobre una gran cosecha como argumento para anticipar bajadas de precios a los agricultores.






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