Las organizaciones agrarias salieron ayer de la reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, con un compromiso en la mano y ninguna cifra encima de la mesa: la ayuda al gasóleo agrícola tendrá continuidad, pero el contenido queda para el Consejo de Ministros del próximo martes. Ese aplazamiento ha marcado las valoraciones de las OPAS, de la más receptiva a la más áspera, y ninguna de las convocantes ha retirado nada. Las movilizaciones anunciadas la semana pasada siguen en pie.
A la reunión llegaron con un diagnóstico compartido, que expusieron en la atención a medios previa al encuentro. El gasóleo agrícola se paga un 48 % más caro que hace un año y el paquete de medidas vigente decae el 30 de septiembre, en plena sementera, vendimia y recolección de maíz y a las puertas de la aceituna. Reclaman que la compensación alcance el 70 % del sobrecoste que autoriza Bruselas, el mismo techo que el ministro reconoce como límite, y piden que llegue antes de que se decidan las siembras. El secretario general de COAG, Andrés Góngora, lo ha llevado al terreno del consumidor: «La soberanía alimentaria es lo que nos estamos jugando».
El cereal, en el punto de mira
La superficie amenazada tiene nombre. Góngora ha situado el riesgo en el cereal de las comarcas y las parcelas menos productivas, donde con el gasóleo en los niveles actuales la siembra no sale a cuenta, y ha querido blindarse frente a la acusación de alarmismo: «No estamos lanzando un mensaje sensacionalista cuando decimos que miles de hectáreas se quedarán sin sembrar». A esta situación se suma, ha recordado, la presión del cereal ucraniano que entra por los puertos comunitarios. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha cifrado en torno a un 40 % la superficie de cultivos herbáceos que podría quedarse sin sembrar si no hay compensación, con la escalada de precios al consumidor como efecto siguiente.
Barato ha llevado el reproche al terreno comunitario. En la última reunión del Consejo de Agricultura de la UE, ha señalado, «en España parece que no había incendios, en España no hay sequía, en España no hay problema», y ha concluido que «el Gobierno español no ha puesto encima de la mesa los problemas que el campo español tiene». De la gestión interna tampoco ha salido mejor parado el Ministerio: la ayuda a los fertilizantes, sostiene, no ha llegado a una parte de los solicitantes por «una mala gestión».
Nadie quiere volver a esperar la devolución
La segunda exigencia común tiene que ver con el cómo. El mecanismo actual, la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos previa solicitud, llega meses después del gasto, y ninguna organización lo da por válido. UPA ha planteado una tarjeta profesional que permita descontar la ayuda al repostar y reclama, por encima de todo, que el precio deje de decidirse fuera: «Que se ponga un tope máximo al litro de gasóleo agrícola», ha pedido su secretario general, Cristóbal Cano, que resume el objetivo de todo el paquete en una frase, medidas que eviten «que sigamos pagando por trabajar».
Unión de Uniones va más lejos y rechaza la lógica misma de la ayuda coyuntural. «No puede ser que andemos siempre con parches: ahora te doy 20 céntimos, ahora te los quito», ha señalado su coordinador estatal, Luis Cortés, que reclama un gasóleo profesional estable. Su diagnóstico apunta fuera del surtidor: «El problema no es que el gasóleo esté caro: es que no podemos repercutir la subida en el precio de los productos», y mientras la ley de la cadena alimentaria no se cumpla, advierte, «estamos produciendo a pérdidas, me da igual que sea la aceituna, la uva o el cereal». Cortés ha apuntado además a quien recauda: «Un gasóleo a dos euros genera el doble de impuestos que un gasóleo a un euro».
Esa misma idea, la de trasladar el coste aguas abajo, la ha formulado en positivo Cooperativas Agro-alimentarias de España. Su presidente, Ángel Villafranca, ha reclamado para el sector primario lo que el transporte ya tiene por ley: «Como los transportistas consiguieron una cláusula, creemos que es el momento de que el sector primario pueda trasladar automáticamente esos precios» a los contratos.
Quién acaba cobrando las ayudas
El diseño de las ayudas es otro frente abierto. UPA echa en falta que se cuente más con las organizaciones para definirlas. Sostiene que en la de fertilizantes, la lista de beneficiarios se ha engrosado con grandes explotaciones, fondos de inversión y gente ajena al sector, a costa de las explotaciones familiares. El reparto, según Cano, necesita degresividad: «No basta con poner un límite de 300 hectáreas cuando todas las hectáreas cobran por igual». La organización ha pedido también que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigue «esas prácticas de las grandes distribuidoras de hidrocarburos», y que un impuesto sobre sus beneficios dote un fondo para los sectores cautivos de esos insumos.
El foco alcanza a las comunidades autónomas, que son las que más recaudan por los impuestos que pagan los agricultores por el gasóleo. UPA, que les reprocha no haber destinado ni un euro de presupuesto propio a compensar el gasóleo agrícola, salió de la reunión con el detalle del reparto autonómico de los 50,17 M€ de la reserva de crisis comunitaria, ampliables por cada administración, y ha anunciado que será «absolutamente beligerante para que las comunidades autónomas den ese paso». Góngora ha pedido a las consejerías que articulen esas ayudas de forma urgente y que se impliquen también Hacienda y Economía.
Cinco lecturas de un mismo «sí»
Con todo eso planteado, la respuesta que dio Planas en la rueda de prensa posterior ha dejado valoraciones de distinto signo. El ministro calificó el encuentro de «muy positivo y constructivo» y sostuvo que las organizaciones «tienen razón siempre en reclamar lo mejor» para el sector. Entre quienes se sentaron con él, la lectura va de la expectativa a la desconfianza. Cano ha hablado de «una valoración positiva de la reunión», por la expectativa de continuidad del apoyo, y ha destacado que el ministro recogiera «de buen grado» la petición de volver a imputar en el régimen de módulos parte de la factura del gasóleo y de los fertilizantes, como se aplicó por última vez en la renta de 2024. Góngora ha rebajado el entusiasmo: pide que el paquete sea importante y se garantice a medio y largo plazo, porque de lo contrario «en los próximos meses va a haber un impacto real en la cesta de la compra». Villafranca, en el tono más institucional, ha pedido agilidad en los pagos.
Barato ha optado por esperar. Dice valorar la voluntad del ministro, pero deja el juicio para cuando haya papel: «A partir del próximo martes veremos todo el sector agrario español qué camino cogemos». La lectura más dura es la de Unión de Uniones, que ya ha empezado a convocar movilizaciones propias en varias comunidades autónomas y prevé extenderlas al conjunto del Estado. Cortés ha reprochado que se les emplace a un Consejo de Ministros del que no conocen nada —»no sabemos el alcance, no sabemos absolutamente nada»— y sostiene que las medidas que hacen falta dependen de Hacienda y de Economía, ausentes de la mesa.
El martes 29 es, por tanto, la prueba. Ahí se verá sobre el papel cuánto se compensa, durante cuánto tiempo y en cuánto tiempo llega el dinero al agricultor, y solo entonces podrán las organizaciones valorar con rigor lo que ayer fue un compromiso sin números. De esa concreción depende que las protestas se mantengan o se retiren, aunque todo apunta a lo primero: «Las movilizaciones por parte de los que hemos convocado siguen en pie», ha zanjado Barato.
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