Diez de las 12 muestras de cítricos importados que La Unió Llauradora ha analizado en supermercados e hipermercados valencianos, el 83%, contienen residuos de al menos una materia activa que no está aprobada en la UE o no está autorizada como fitosanitario. La organización agraria ha realizado los análisis para contrastar las exigencias fitosanitarias que soportan los productores europeos con las aplicables a los productos de países terceros.

Las muestras se compraron el miércoles 9 de septiembre en tiendas de Grupo Carrefour, Consum y Mercadona. De los 12 lotes, nueve constaban como procedentes de Sudáfrica, en dos no figuraba el origen y uno aparecía etiquetado como español, aunque el informe cuestiona esa identificación por la variedad y las características de la fruta.
Los análisis detectaron además residuos de varias materias activas a la vez en una misma fruta: entre un mínimo de cuatro y un máximo de nueve por muestra.
Movento, en 9 de las 12 muestras
Entre las sustancias identificadas, la organización centra su atención en tres. La metoxifenocida, no aprobada en la UE desde el 1 de abril de 2026, aparece en 7 de las 12 muestras (58%). El espirotetramat, conocido como Movento y no aprobado desde el 1 de mayo de 2024, o sus metabolitos, están presentes en 9 (75%).
La tercera es el 2-fenilfenol u ortofenilfenol, utilizado principalmente como fungicida de postcosecha y no autorizado como fitosanitario en la UE desde el 1 de enero de 2020, que aparece en 3 muestras (25%). La Unió precisa que su posible consideración como biocida es una figura jurídica distinta y no equivale a una autorización fitosanitaria.
Ningún residuo supera el límite legal
La organización distingue entre dos conceptos para interpretar los resultados. El límite máximo de residuos (LMR) fija la cantidad máxima legal de un residuo en un alimento, mientras que la aprobación de una sustancia determina si los agricultores europeos pueden usarla como fitosanitario. Por eso, una sustancia no aprobada en la UE puede dejar residuos en un alimento importado que sigan siendo conformes con los LMR, como ocurre con ninguno de los residuos detectados, que no superan individualmente su límite.
La Unió subraya que no se trata de afirmar que los cítricos analizados sean ilegales o inseguros: su denuncia se centra en la diferencia entre las reglas de producción de los agricultores europeos, sometidos a una reducción progresiva de las sustancias activas disponibles, y las de sus competidores de países terceros, con residuos de algunas de esas mismas sustancias, como el Movento. Considera además que la presencia de hasta nueve materias activas en una misma muestra justifica reforzar el control sobre los cítricos importados, y reprocha a la distribución que exija como mucho dos o tres restos de materias activas en los cítricos que le venden los productores, frente a los importados.
«Cero técnico» y reciprocidad
La organización pide acelerar la modificación del reglamento con la que la UE plantea fijar el LMR de las sustancias no autorizadas en su territorio en el nivel más bajo detectable en laboratorio, el llamado «cero técnico», para los productos agrícolas importados. Su secretario general, Carles Peris, ha señalado que «si Europa prohíbe o deja de autorizar una sustancia a sus agricultores, debe abordar también las condiciones en las que admite residuos de esa misma sustancia en los productos importados», y ha reclamado reciprocidad real en las normas de producción y en la política comercial europea.
La Unió trasladará los resultados a la AESAN, la Conselleria de Agricultura y los organismos competentes en consumo y sanidad, y reclamará que se intensifiquen los controles sobre los productos importados. Exigirá además a las instituciones europeas avanzar hacia esa reciprocidad para que las mayores exigencias impuestas a los agricultores europeos no se conviertan en una desventaja competitiva. «Las mismas exigencias para todos. Lo que nuestros agricultores ya no pueden utilizar no puede convertirse en una ventaja competitiva para los productos importados», ha afirmado Peris.
A la gran distribución le pide que controle y certifique que los cítricos importados que compra cumplen las exigencias europeas de producción que asumen los agricultores valencianos. Peris ha planteado que las cadenas «deben elegir a quién defienden»: al consumidor, aplicando los estándares europeos más estrictos, o a las grandes empresas y a productos de fuera producidos con materias activas prohibidas en la UE. También ha llamado a los consumidores a no comprar cítricos de países terceros porque los europeos «tienen más garantía sanitaria».







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