La Generalitat de Cataluña ha elaborado un anteproyecto de ley de contratos de integración, que vendría a sustituir a la que se aprobó hace 20 años. El motivo de esta nueva ley sería la de introducir los nuevos requerimientos legales de carácter sanitario y medioambiental, que ahora afectan a las explotaciones ganaderas.
En este sentido, el anteproyecto establece que en el contrato de integración se debe pactar si es el integrador o el integrado, el responsable de la gestión de las deyecciones ganaderas, así como de otros subproductos ganaderos, tales como los cadáveres. Asimismo, el contrato debería recoger quien de las dos partes del contrato debe ser el responsable de suministrar los alimentos, productos zoosanitarios y servicios de atención veterinaria, así como llevar la dirección y gestión técnico-sanitaria de la explotación.
En cuanto a la comunicación a la autoridad competente de la sospecha de una enfermedad comunicable, el anteproyecto de ley fija que el integrador el responsable de comunicarla, pero que el integrado tiene que comunicar al integrador toda sospecha de enfermedad infecciosa.
Otra de las novedades que incluye el anteproyecto es la creación de una Junta Arbitral de Contratos de Integración de Cataluña, con el objeto de buscar la avenencia entre integradores e integrados. Acudir a dicha Junta tendría carácter voluntario. La función de la Junta se limitaría a arbitrar sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de esta ley. La composición y funcionamiento de esta Junta, que podría tener secciones territoriales, se establecería por reglamento.
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