Las observaciones que la Unión de Campesinos de Castilla y León – COAG trasladó el pasado lunes, 20 de septiembre de 2004, al Director General de Producción Agropecuaria, Baudilio Fernández – Mardomingo, deben ser todavía consensuadas con las Consejerías de Sanidad, Fomento, y Medio Ambiente, por lo que si sumamos las trabas puestas por el Director General, desde esta Organización se prevé que el documento no tendrá muchas modificaciones a favor de las explotaciones ganaderas, manteniendo su carácter restrictivo denunciado desde COAG.
Para COAG es muy complejo el procedimiento de regulación y excesivos los requisitos que se demandan (memoria redactada por un técnico competente, plano de las instalaciones, descripción pormenorizada de la actividad de la explotación, sistema de gestión de residuos, plan de gestión de cadáveres…) van a limitar enormemente el número de explotaciones que se puedan beneficiar de este procedimiento. Es fundamental que se de, a la mayor cantidad posible de granjas, la posibilidad de aprovechar esta normativa para regularizar su situación, en este sentido, la aceptación o no de la solicitud presentada no debería depender tanto los habitantes del municipio (si tiene más de 1.000 no se puede solicitar la legalización) o número de animales con el que cuenta como del buen manejo que se realice de ello o las medidas correctoras que se pongan en marcha. Además, el criterio establecido de estar situadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes para su regularización no parece especialmente coherente, sobre todo si tenemos en cuenta que, en muchos municipios sea cual sea su tamaño, la actividad ganadera es una de las que más contribuye a la lucha contra la despoblación, fijando mano de obra y potenciando la economía del mundo rural, a parte de que exista una normativa regional que define el “Territorio no Urbano” a los municipios de menos de 10.000 habitantes (Programa Regional de Castilla y León para la Iniciativa Leader+ 2.000-2.006).
Desde COAG se reclamó durante este encuentro a la Consejería de Agricultura y Ganadería que la licencia entregada, una vez que se ha regularizado la explotación, se conceda hasta el término de la vida profesional del titular y con la seguridad jurídica que no le cierren la explotación si cumple con la normativa y las medidas correctoras impuestas. Junto a esto, y siempre con la supervisión del Ayuntamiento de cada municipio, se debería permitir la realización de cuantas ampliaciones, mejoras de las granja y transferencias de la licencia del titular de una explotación fuera de casco urbano desee con la intención de favorecer, por encima de todo, el relevo generacional.
Valladolid miércoles 22 de septiembre de 2004
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