UCCL – COAG (COAG Castilla y León) considera de auténtica “vergüenza” la actitud mantenida por la Administración Regional en un tema de tanta transcendencia para el sector agrario de esta comunidad autónoma como es el proceso de regularización de la explotaciones agrarias situadas en núcleos urbanos.
Desde el pasado 31 de agosto fecha que finalizaba el plazo de alegaciones, no se ha vuelto a tener noticias del estado en el que se encuentra el Decreto que va a establecer el procedimiento para llevar a cabo estas regulaciones. Dato, ya denunciado desde esta Organización en infinidad de ocasiones, que pone de manifiesto la falta de interés real de la Administración Regional de poner solución a este grave problema que afecta a más de 20.000 explotaciones en esta Comunidad Autónoma. A este hecho se une, la ausencia de reuniones con el Consejero de Medio Ambiente, Fernández Carriedo, por lo que se pone en evidencia que la Junta de Castilla y León prefiere seguir con esta actitud sancionadora que ofrecer soluciones reales y eficaces a los ganaderos que ven como, cada vez, se les ponen más trabas a la hora de desarrollar su actividad
Desde noviembre un importante número ganaderos de Castilla y León están recibiendo resoluciones sancionadoras, rondan los 3.000 euros en muchos de los casos, ante la falta de determinados requisitos en su explotación. Buena parte de estos profesionales están optando por presentar recursos de alzada mientras que otros deciden “quitar el ganado”, abandonar la actividad, por no poder hacer frente a la sanción dado, además, la situación de crisis que se arrastran los sectores ganaderos en los últimos meses.
COAG Castilla y León (UCCL – COAG) considera absolutamente inoportuno el envío de las comentadas resoluciones sancionadoras dado que está abierto el procedimiento administrativo para regularizar explotaciones ganaderas en cascos urbanos. Esta actuación administrativa viene a agravar la despoblación que sufren los núcleos rurales, el nulo relevo generacional y elimina la posibilidad de que se pueda seguir la actividad ganadera a partir de una explotación familiar. Desde la Administración Regional, en vez de agilizar este proceso de regularización de estas explotaciones para que no se produzcan molestias, y apoyar económicamente, tanto las medidas correctoras como el traslado de las explotaciones fuera del casco urbano, decide sancionar a los ganaderos o clausurar la explotación, cortando de raíz el posible relevo generacional y la actividad ganadera tradicional del mundo rural.
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