El Ministerio de Agricultura está elaborando una guía de buenas prácticas de la producción en apicultura. Este documento podría enmarcarse en las demandas comunitarias recogidas en el denominado paquete de higiene, donde se especifican una serie de recomendaciones para la elaboración por parte de los distintos sectores de guías de buenas prácticas, siempre bajo la tutela de las diferentes administraciones.

Dado el panorama actual del sector apícola, con la grave crisis que están padeciendo los casi 5.000 apicultores profesionales en nuestro país, la creación de una guía de buenas practicas puede proporcionar posible soluciones. A la penosa situación de precios en las que se encuentra el sector, debido al levantamiento del embargo de las mieles procedentes de China, hay que sumar las graves condiciones climáticas que se están sufriendo este año. También hay que tener en cuenta el denominado síndrome de desabejamiento, de causa aun desconocida, que está provocando una elevadísima mortandad de colmenas, así como otra multitud de factores que pueden estar afectando a la fortaleza de las abejas, que mueren sin remedio, dejando las colmenas vacías, y al apicultor sin su modo de vida.

El borrador de la guía que actualmente está en fase de discusión con el sector y las Comunidades Autónomas, hace especial hincapié en los aspectos sanitarios de la producción apícola. Define posibles pautas de actuación por parte de los profesionales, de cara a controlar las posibles patologías que puedan afectar a las abejas, estableciendo tanto medidas de protección de las colmenas, como medidas de erradicación de enfermedades.

En cuanto a las pautas de manejo que deben llevar a cabo los apicultores de cara a conseguir un óptimo rendimiento de las colmenas, sin mermar las condiciones higiénico-sanitarias de la producción de miel, la guía de buenas prácticas incluye los procedimientos a llevar a cabo para la alimentación artificial de las abejas.

A pesar de los múltiples aspectos positivos de esta propuesta, se echa en falta algún capitulo especifico en materia de trazabilidad, herramienta de obligado cumplimiento en el sector primario desde el 1 de enero de 2005