11 de abril de 2008. UPA manifiesta que el último año se cerró con unos datos que no dejan lugar a la duda sobre el abandono progresivo y obligado al que se han visto sometidos los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Mientras que el número de profesionales inscritos en la Seguridad Social agraria en la región ascendía a 50.270, sólo un año antes esa cifra era de 52.049. Sin embargo por los datos que maneja UPA, las solicitudes de la PAC en el 2007 alcanzaron las 95.000, casi el doble de productores dados de alta en la Seguridad Social Agraria.
La crisis de precios en carne y leche, y los altos costes de producción están sometiendo a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma a una situación ciertamente compleja. Esto se refleja en los datos que dispone UPA, ya que tan sólo ha habido 358 incorporaciones en el último año en el sector agrario, cifra inferior a las del 2006 en casi un 20 %.
Así pues nos encontramos ante una espiral descendente ciertamente grave, que no es atajada por las Administraciones con políticas de apoyo dirigidas a los profesionales del sector agrario.
Para resolver este grave problema son necesarias actuaciones urgentes, y en nuestra opinión una de las más prioritarias es que la investigación de la Comisión Nacional de Competencia sobre precios agroalimentarios, no sólo se limite a la cadena de distribución de todos los sectores agrarios, sino también a quienes conciertan los precios de los que compran sus productos a los agricultores y ganaderos.
Los profesionales del sector agrario comprueban como mes tras mes, en su faceta de ciudadanos que son, asisten al incremento del precio de vida, y paralelamente ven como no dejan de cerrarse explotaciones agrarias, porque con lo que les pagan ni siquiera cubren los costes de producción.
El proceso sancionador abierto días atrás contra asociaciones de empresarios del sector de la industria alimentaria no es más que la punta del iceberg de un problema que llevamos denunciando en UPA desde hace años. Por este motivo nuestra organización urge a los organismos competentes a que ésta sea solo la primera actuación de otras muchas que tengan por objeto defender los intereses de agricultores, ganaderos y consumidores.
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