Los ganaderos del Reino Unido ya están teniendo muchas dificultades para cumplir la directiva de la polución IPPC, pero sus problemas solo acaban de empezar. El Departamento británico de Asuntos Rurales (DEFRA) tiene previsto que las agencias medioambientales locales tengan la capacidad de juzgar si las explotaciones cumplen la normativa y en caso contrario poner multas económicas. Las agencias medioambientales podrían poner sanciones de hasta 5.700 € sin la necesidad de un magistrado.
La sectorial de porcino británica está en contra de que las agencias tengan esta capacidad de juzgar y sancionar, ya que consideran que se erosiona los derechos civiles de los ganaderos. Según la sectorial, si no se evita esta erosión, la realización de la producción intensiva de porcino desparecerá en menos de una década.
Además, la sectorial sospecha que las sanciones medioambientales pueden terminar siendo como las multas de tráfico: un medio de financiación de las administraciones locales. Según la sectorial, las agencias tendrían la premisa de ir a las explotaciones a “encontrar incumplimientos”.
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