El PE ha respaldado un reglamento que obligará a los fabricantes a indicar el lugar de origen de los productos importados de terceros países, como mdicamentos, ropa, calzado o cerámica. El objetivo es que los consumidores estén informados de dónde proceden los productos que compran y protegerlos contra posibles riesgos para la salud y las imitaciones.
Aunque hoy en día muchas empresas de la UE ya utilizan la marca de origen de forma voluntaria, no existe una normativa europea sobre el etiquetado de origen de los productos importados, a excepción de algunos casos específicos en el sector agrícola. Según la Eurocámara, esta situación lleva a que muchos terceros países tiendan a elegir, entre sus puntos de exportación a la UE, los Estados miembros que carecen de leyes en este ámbito.
Los principales socios comerciales y competidores de la Unión, como Estados Unidos, Canadá, Japón e India, disponen desde hace tiempo de normas que obligan a indicar el origen de los productos fabricados en terceros países. El Parlamento ha fijado su posición, con 525 votos a favor, 49 en contra y 44 abstenciones, sobre un sistema similar para toda la UE. Entre los productos incluidos en el reglamento figuran los textiles, el calzado, los objetos de vidrio, los medicamentos, los muebles, las herramientas y los artículos de grifería.
El propósito de esta legislación, según el informe elaborado por la diputada italiana Cristiana Muscardini (PPE), es informar a los consumidores para que sepan de dónde provienen los productos que compran y protegerlos frente a las imitaciones, los posibles riesgos para la salud y la competencia desleal.
Estas normas no se aplicarán a los productos fabricados en la UE, Turquía, Noruega, Islandia o Liechtenstein.
Según la propuesta de la Comisión, la frase «fabricado en» seguida del país de origen tendrá que aparecer en una lengua que sea fácilmente comprensible para los consumidores del Estado miembros en el que se comercializa el producto. Sin embargo, los diputados han aprobado una enmienda según la cual también se permitirá el uso del inglés como alternativa en cualquier país de la UE.
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