La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –Iniciativa Rural (COAG-IR) de Castilla-La Mancha ha pedido públicamente a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que se adhiera a la posición de Francia y Alemania en contra de la liberalización de los derechos de plantación de viñedo.
La organización agraria también ha trasladado esta petición al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, a través de un escrito en el que se le insta a que se pronuncie al respecto sobre esta medida que podría tener graves consecuencias para la región.
COAG-IR considera que el claro posicionamiento de los mandatarios de estos dos países es importante de cara al informe que la Comisión Europea debe redactar en2012 con el fin de decidir si hay que proceder a una nueva reforma de la organización de mercado (OCM) del vino, y al que debería adherirse España, una de las principales potencias vitivinícola mundial.
El rechazo a la liberalización coincide con la posición de la Federación Europea de Vinos con Denominación de Origen (EFOW) y de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV), que ha decidido encargar un estudio científico para evaluar el impacto socioeconómico y medioambiental que tendría la desaparición de esos derechos sobre el sector y los territorios afectados.
COAG-IR ha reiterado su postura en contra de esta medida que ha calificado de “grave error”, ya que s implicará una pérdida directa del patrimonio de los agricultores que hace unos años tuvieron que pagar los derechos de plantación y que, de aprobarse la liberalización para plantar viña donde se quiera, perderían estos derechos adquiridos y de patrimonio que conlleva.
En este sentido, la organización agraria ha advertido que la liberalización de las plantaciones, unido a una OCM sin medidas de regulación del mercado, favorecerá la deslocalización del cultivo y su abandono en áreas donde tradicionalmente ha sido muy importante.
Para COAG-IR es incomprensible e incoherente que se permita la plantación indiscriminada de viña, cuando desde hace tres años se está pagando y primando el arranque de viñedo para regular la producción, reequilibrar el mercado y reforzar la competitividad del sector.
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