El Consejo Intersectorial de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, en el que participa el Consejo Rector y todos los portavoces sectoriales de la organización (vino, aceite, frutos de cáscara, frutas y hortalizas, ganadería, cultivos herbáceos y producción ecológica), se reunió el pasado 25 de mayo, y ha definido que los cuatro elementos irrenunciables para Castilla-La Mancha en esta negociación de la nueva PAC son los siguientes:
Que ante un posible problema de exceso de superficies generadoras de los nuevos derechos de pago básico, si el Ministerio finalmente puede limitarlas a 22,36 millones de hectáreas, tanto las frutas y hortalizas como el viñedo deben generar derechos de pago. Esto es compatible, en el caso del vino, con la decisión a tomar antes del 1 de agosto de 2013 sobre el destino del presupuesto de este sector de 142,75 millones de €, para que vaya a Programas Nacionales de Apoyo al vino, y a la misma vez el viñedo sea generador de derechos.
Asimismo Cooperativas considera que es necesaria una aplicación homogénea de la PAC en todo el territorio; las Comunidades Autónomas no pueden aplicar criterios distintos cada una en la implementación de los nuevos pagos directos. La región de producción que se defina en España debe habilitar cierta convergencia interna de los pagos, que permita progresar a las comunidades con ayudas muy por debajo de la media nacional, como es Castilla-La Mancha.
Además, en el nuevo Programa de Desarrollo Rural resultado de la reforma de la PAC deben recuperarse las ayudas al fomento del cooperativismo, las ayudas a las Agrupaciones de Sanidad Vegetal y Animal (ASV y ADS), crear en la región la normativa y las ayudas a la Producción Integrada en los cultivos, principalmente el olivar, y la inclusión de las inversiones en el sector agroalimentario en los programas apoyados por los Grupos de Desarrollo Rural, que ahora sorpresivamente están excluidas.
Finalmente se considera que la nueva figura de las organizaciones de productores debe potenciar la verdadera integración comercial, de manera que una organización de productores para reconocerse debe ser una empresas creada y gobernada democráticamente por productores, y que comercialice la producción de sus socios. Con más motivo si además la propuesta de reforma incluye ayudas para su formación y la posibilidad de realizar extensión de norma que afecte a terceros no integrados en ellas. Si no se ligan a la comercialización y al control democrático se estará propiciando la creación de instrumentos de distorsión en el mercado.
Estas demandas serán trasladadas en breve a la Consejería de Agricultura por las distintas sectoriales de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
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