La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, subrayó ayer en el Parlamento andaluz que su departamento trabaja en interés de conseguir “el mejor aprovechamiento de las posibilidades de explotación sostenible del patrimonio natural en pro de los andaluces”. Así, ha recordado que existe un compromiso de la presidenta del Gobierno autonómico de avanzar en la necesidad de optimizar el aprovechamiento social de todas las fincas agrícolas y forestales de la Junta a través de la puesta en marcha de un Observatorio de Tierras. En el caso concreto de las fincas agrícolas, la consejera ha puntualizado que estas tierras “suponen sólo el 0,1% de nuestra superficie agraria útil”.
En respuesta a una pregunta sobre las actuaciones previstas por la Consejería para favorecer el aprovechamiento efectivo de la finca ‘Majarambú’, Víboras ha explicado que está actualmente “catalogada como monte público en su totalidad” y que, por tanto, en ella sólo se pueden realizar “actividades compatibles con las funciones ligadas al monte”. Además, ha puntualizado que estas acciones deben encontrarse siempre “dentro del contexto y los límites marcados por la normativa forestal”. Esta finca, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma, cuenta con una superficie catastral de 233 hectáreas ubicadas en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz).
Durante su discurso, la consejera se ha referido a la actuación de mejora del alcornocal puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el marco del Plan de Choque por el Empleo, una tarea a la que está previsto que se sume otra acción para la recuperación del potencial forestal de este monte público. Estas labores suponen en total “una inversión de 111.887 euros y la generación de más de 800 jornales”, ha recalcado la consejera.
En cuanto a la creación del Observatorio de Tierras prevista por la Administración andaluza, Víboras ha explicado ante la Cámara que como resultado de los trabajos de este instrumento se determinarán “los criterios para definir el modelo de gestión óptimo” que permita obtener el mejor provecho social “de todas las fincas que gestionamos”. La consejera ha comentado también a los parlamentarios que este modelo se aplicará a la totalidad de la Comunidad Autónoma “para que haya transparencia, homogeneidad e igualdad” en todo el territorio en la aplicación de las políticas del Gobierno andaluz.
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