El portavoz adjunto de Agricultura del GPP, Bibiano Serrano, defendió ayer el Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo Agrario y se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias destacando que la norma implanta “la democracia en el campo”.
En su intervención en el Pleno, Serrano señaló que el Ministerio necesita interlocutores válidos y elegidos por el sector agrario y la nueva ley, que tachó de “pionera en Europa”, permitirá precisamente que las organizaciones agrarias “tengan ese plus de legitimidad a la hora de reivindicar y sentare en las mesas de negociación” y, de igual modo, contribuirá también a poner punto y final “a las disputas que permanente y diariamente” se dan en el seno de dichas organizaciones al respecto de quién ostenta la representatividad.
Serrano negó que esta reforma reste democracia al sector agrario o que intente tapar la voz de los agricultores y ganaderos, tal y como se dice desde la oposición, sino todo lo contrario, pues “en lugar de mirar para otro lado y dejar que las organizaciones se sigan representando a sí mismas”, el Gobierno “ha decidido tomar el toro por los cuernos y solucionar el problema haciendo que pasen por las urnas”. “Y será lo que salga en las urnas lo que determine quién representa a quién”, añadió.
Como explicó el diputado popular, el método recogido en esta reforma es “válido y eficaz” para determinar ese grado de representatividad de las organizaciones agrarias y que sean ellas quienes elijan a sus representantes, en un escenario en el que hasta ahora había inmovilismo y en el que era muy difícil que las nuevas organizaciones entrasen en el sistema. Así lo indican las cifras, que dibujan un sistema en el que apenas había elecciones.
En 5 de las 17 comunidades -un 30%-, nunca se celebraron unas elecciones al campo; en otras 9 comunidades se celebraron elecciones una vez en 35 años de democracia, y la fecha más reciente de esa convocatoria data de hace 16 años. Y si, como evidencian las cifras, apenas se celebran elecciones: “¿Cómo vamos a determinar la representatividad del sector agrario en el campo español?”.
Toda esta situación habla de la necesidad de una norma que dé la vuelta a un proceso de representación que tenga todas las garantías democráticas y que, de este modo, “agricultores y ganaderos puedan pronunciarse como nunca lo habían hecho en los últimos 35 años”.
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