Un vecino de la provincia de Valladolid ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito contra la propiedad industrial, a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y doce meses de multa con cuota diaria de 3€ con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 CP en caso de impago. Además, en concepto de responsabilidad civil, indemnizará a GESLIVE con 430€ más el interés legal y abonará parte de las costas procesales causadas.
En este caso, el acusado tenía depositados 30.000 kg de grano acondicionado para siembra de trigo de la variedad “García” y 1.800 kg del mismo cereal de la variedad “Craklin”, destinado, en coherencia con la publicidad realizada en internet, a comercializarlo como material de reproducción y multiplicación. El grano que había sido obtenido a partir de la siembra de semilla certificada sólo podía ser utilizado para ser sembrado en su propia explotación o vendido para consumo humano o animal, pero nunca comercializado a terceros como material de reproducción y multiplicación, al carecer de la autorización de los titulares de los derechos de explotación sobre tales variedades vegetales.
Esta sentencia, que ha sido dictada por el Juzgado de lo penal núm. 4 de Valladolid y con la que el acusado ha manifestado su plena conformidad, establece que el condenado ha cometido un delito contra la propiedad industrial, que se encuentra tipificado en el artículo 274.3 del actual Código Penal. Dicho procedimiento judicial ha sido iniciado a raíz de la denuncia presentada por GESLIVE.
La variedad de trigo blando “García”, se encuentra protegida en toda la Unión Europea, siendo su titular de sus derechos la entidad de nacionalidad francesa “Recobra Recherches”. La variedad de trigo blando “Craklin” se encuentra igualmente protegida en toda la Unión Europea, ostentando la titularidad de sus derechos la entidad de nacionalidad francesa “Limagrain Europe, S.A.” de GESLIVE es la encargada de representar, gestionar y defender los derechos sobre tales variedades en España.
Sobre el uso ilegal de variedades vegetales protegidas y los derechos de propiedad industrial
El coste medio para poner una nueva variedad de cereales en el mercado es superior a 2 millones de euros, y se tarda de 10 a 12 años en conseguirlo.
El desarrollo de nuevas variedades sólo es posible con una inversión continua en los programas de investigación. Para sostener los programas de mejora y el desarrollo de variedades es vital proteger los resultados de los trabajos de los obtentores y respetar sus derechos de propiedad industrial.
La investigación y desarrollo de nuevas variedades por las empresas obtentoras ha permitido a los agricultores duplicar los rendimientos en los últimos 50 años, con un aumento de la calidad de las cosechas.
La reproducción o la compra de semillas o plantas ilegales, o el reempleo de granos para siembra sin aplicar los derechos de propiedad industrial, amenazan la investigación y comprometen el futuro de nuestra agricultura.
La utilización de material vegetal producido clandestinamente puede dar resultados deficientes y acarrear serios perjuicios económicos al agricultor.
Atenta contra la seguridad del consumidor, que ve limitada la trazabilidad de los alimentos que consume.
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