Ante las iniciativas tanto de la Delegación del Gobierno en Extremadura como de la Administración Autonómica de declarar como un “derecho” el rebusco de la uva y aceituna en la comarca de Tierra de Barros, La Unión de Extremadura quiere aclarar las siguientes cuestiones:
1ª.- Los agricultores no son unos seres insensibles que prefieren que se estropee el fruto antes de que lo recolecte otra persona.
2ª.- No conocemos ningún otro sector en el que una vez realizado el trabajo se permita a terceros que rebusquen para aprovechar los restos.
3ª.- Al amparo del rebusco se incrementan los robos y los daños en las explotaciones, ya que se han legalizado las ventas de productos de personas que no tienen explotación.
4ª.- Con la actual normativa en el sector del viñedo, ninguna bodega puede recoger uva para vinificación (excepto consumo propio) sin que esta proceda del cosechero de una parcela inscrita en el correspondiente registro vitícola.
5ª.- Con los precios de la aceituna que se prevén, como se legalice el rebusco, no hay guardia civiles en España para vigilar el olivar extremeño.
6ª.- El rebusco no puede ser nunca un derecho, debe ser una práctica permitida por los propietarios de las explotaciones.
La Unión de Extremadura hemos solicitado formar parte de las mesas creadas para regular esta actividad en la que vamos a oponernos por los motivos descritos. Cada vez que se ha aprobado normas para regular el rebusco se han incrementado de manera exponencial los robos y daños producidos en las explotaciones y tenemos que recordar que Extremadura tiene una extensión de 350.000 has plantadas de olivar y de viñedo, con esta superficie es imposible que las administraciones puedan asegurarnos la vigilancia para controlar los robos.
No estamos en contra de las propuestas de la defensa de lo público, estamos en contra de las acciones de los amigos de lo ajeno, que es lo que propicia la legalización del rebusco.
En la defensa de los intereses de nuestros agricultores, nos opondremos social y legalmente a que una norma genere un derecho para que un tercero entre en nuestras explotaciones sin nuestra autorización, a recolectar productos producidos por sus titulares.
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