Durante esta semana y la próxima, una Delegación del Departamento de Comercio de Estados Unidos visita las empresas españolas de aceituna negra, afectadas por la denuncia, con el fin de continuar con el proceso de investigación de la información facilitada al respecto. Estos representantes de las autoridades norteamericanas verificaron ya la pasada semana los datos suministrados por el Gobierno andaluz, un trabajo que ha finalizado satisfactoriamente con la verificación del 100% del muestreo aleatorio seleccionado por los investigadores, como ha resaltado el consejero de Agricultura de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, en su comparecencia en el Parlamento andaluz. Estos resultados han puesto de manifiesto la “absoluta transparencia” de Andalucía en contraste con la “actitud opaca” de la delegación norteamericana.
Sánchez Haro ha lamentado lo que “a todas luces supone una situación de indefensión” debido, por ejemplo, a que los trabajadores del Gobierno estadounidense que se han desplazado hasta Europa para continuar con la investigación han “impuesto de forma unilateral cuestionarios arbitrarios y con plazos difícilmente asumibles”. A modo de ejemplo, ha explicado que a lo largo de los últimos seis meses se han tenido que buscar 758 expedientes, recopilar la documentación de miles de páginas, traducirlas al inglés y recabar, analizar, interpretar, explicar y argumentar líneas de ayudas y sistemas de apoyo de tres períodos de programación con unos plazos claramente insuficientes para remitir la información solicitada. Y es que, como ha explicado el titular de Agricultura, los representantes del Gobierno de EEUU han exigido unilateralmente un período de estudio que se ha ampliado del año investigado inicialmente (2016), hasta remontarse 12 años atrás.
Además, el consejero ha denunciado que los demandantes han ido aumentando las exigencias de información a la Administración y a las empresas españolas “haciéndolas coincidir con el desarrollo de otras fases del proceso”, lo que ha obligado a simultanear la verificación de la documentación con la exigencia de nuevos documentos que ya se habían enviado en respuesta a un requerimiento anterior, a la vez que se han negado a admitir información complementaria comunicada oficialmente desde la Junta de Andalucía. “Mantienen abierto el expediente para sus requerimientos pero cerrado para nuestras aclaraciones”, ha lamentado Rodrigo Sánchez.
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