En Francia se ha generado bastante polémica con la autorización de ampliación de una explotación de vacas lecheras que tiene 870 vacas, aunque popularmente se la conoce como la explotación de las 1.000 vacas.
La explotación abrió en septiembre de 2014, con un censo inferior a 500 vacas que es el límite impuesto por el Estado. En 2015, el ganadero solicitó una ampliación de la explotación, ubicada en Drucat, cerca de Abbeville (Somme). Esta ampliación fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Amiens en junio de 2017 y canceló las sanciones financieras previamente adoptadas por la prefectura, por no haber respetado el umbral de 500 animales previamente fijado por decreto.
Desde entonces se han cruzado una serie de denuncias y apelaciones. La situación ha dejado de ser un caso aislado sobre la autorización de una explotación y ha reabierto un debate a nivel nacional sobre sistemas de producción y ha generado polémica entre detractores y defensores de las grandes explotaciones industriales. Varias asociaciones se han personado como parte denunciante.
Hace unos días, el Tribunal administrativo de apelación de Douai ha acordado un plazo de 6 meses para que la explotación regularice su situación, desoyendo a los que pedían la cancelación de la autorización de la granja. El Tribunal de Douai defiende su dictamen en base a las graves consecuencias económicas y sociales que implicaría para la empresa operadora y sus empleados el cierre de la explotación, así como el problema que supondría el cuidado diario de casi 1.000 vacas.
Hay otra decisión que aún está pendiente por conocerse. El Ministro de Transición Ecológica, Nicolás Hulot, apeló a finales de agosto de 2017, la sentencia del Tribunal Administrativo de Amiens del 29 de junio de 2017.
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