El Tribunal Supremo ha decidido no admitir el recurso contra la sentencia del Tribubal Superior de Justicia, anulando el decreto sobre condiciones ambientales mínimas para explotaciones ganaderas. UPA lamenta esta decisión.
Había un total consenso entre la Junta de Castilla y León y las Opas para que las explotaciones familiares estuviesen sujetas a una actuación absolutamente legal y práctica, como es la mera comunicación para cumplir los requisitos ambientales, y no fuera necesaria la autorización previa que requieren las explotaciones de mayor tamaño, porque ello genera más burocracia e impedimentos para implantar un modelo agrario de tipo familiar.
UPA lamenta que una vez más, se mire para otro lado, se pongan trabas legales y se dé la razón a determinados grupos de presión que vuelven a cargar contra todo lo que significa la agricultura y ganadería de tipo familiar, que es mayoritaria en nuestra comunidad autónoma.
Denuncia a quienes con sus actuaciones siguen respaldando campañas de desprestigio contra la actividad ganadera, responsable y fundamental en el asentamiento de población en el medio rural, a la que irresponsablemente se le achacan todos los males medioambientales.
UPA exige sentido común y responsabilidad que debe traducirse en permitir la aplicación de unas normas más flexibles para la actividad agraria, que es cumplidora a rajatabla de los máximos estándares de protección, calidad, garantía y respeto medioambiental
UPA reclama también a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León que actúen con toda contundencia legal y argumental para que el sector profesional agrario no siga recibiendo varapalos judiciales, puesto que es el que sufre en primera persona las actuaciones de quienes quieren poner fin a la actividad ganadera en nuestra región.
“Sin agricultores y sin ganaderos no existirá ni el pueblo ni el campo tal como lo conocemos. Solo habrá abandono, maleza, fauna incontrolada y la alimentación de la población dependerá, en algunos casos, de terceros países sin las normas de calidad y garantía alimentaria que tenemos aquí”, denuncia Aurelio González, secretario general de UPA CASTILLA Y LEÓN.
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