Unió de Pagesos, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña y la Asociación de Cooperativas del Aceite del Baix Ebre y Montsià, piden un paso más a los diputados y diputadas, para poder alcanzar una Ley de protección de olivos monumentales que garantice un presupuesto mínimo y donde la voz del campesinado sea escuchada.
La gran mayoría de las 25 enmiendas, que las tres entidades han defendido en la tramitación de esta Ley, han quedado recogidas en el dictamen aprobado por la Comisión de Territorio del Parlamento de Cataluña, de 19 de febrero de 2020, entre las que destacan la inclusión en la Ley de asegurar recursos públicos para el mantenimiento de estos olivos, limitar la protección a los olivos milenarios, permitir su reagrupamiento dentro de la propia explotación, permitir las tareas habituales del cultivo del olivo, como el poda de fructificación, no sean prohibidas y que el Departamento de Agricultura también sea tenido en cuenta en el desarrollo de la Ley. Todas ellas presentadas por las tres entidades con el objetivo de evitar limitaciones injustificadas a la actividad agraria y que ponían en peligro la viabilidad económica de las explotaciones y, por tanto, los olivos monumentales que se pretende proteger.
Las tres entidades se han reunido esta semana con diferentes grupos parlamentarios para defender los siguientes puntos, no recogidos en el dictamen de la Comisión de Territorio y que se consideran importantes para el sector agrario se pueda adaptar a las nuevas obligaciones.
El primer punto, consiste en conseguir que la Ley incorpore un presupuesto mínimo de ayuda para estas olivos y olivares. Si bien es cierto que en el dictamen queda blindado, jurídicamente, que llegarán recursos públicos para la protección de estos olivos, las tres entidades consideran que es necesario que la Ley asegure un presupuesto mínimo anual de 1,2 millones de euros para su protección y mantenimiento.
El segundo punto y que se considera tremendamente importante para asegurar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias que tienen estos olivos es la inclusión, por Ley, dentro de la Comisión Técnica, de representantes del sector agrario, a fin de poder disponer de voz y voto a la vez del desarrollo de ciertos aspectos regulados en la Ley y competencia de esta Comisión Técnica como, por ejemplo la validación de los informes elaborados por los departamentos competentes, proponer formas integradas de protección frente la amenaza de plagas y los efectos del cambio climático, promover programas de intervención y conservación de cada ejemplar o la elaboración de una Guía de buenas prácticas de cultivo, todos ellos ámbitos que afectan a la actividad agraria y donde los representantes del campesinado deberían tener voz y voto.
Finalmente, a pesar de la rebaja en las sanciones indicada en el Dictamen, entendemos que estas continúan siendo exageradamente elevadas, lo que hace que transmitan el concepto a los titulares de estos olivos, que siempre las han venido cuidando (y las han vendido cuando lo han necesidad), que ahora algo que hacían voluntariamente deberán hacerlo obligatoriamente y que, de momento, nadie les compensará y que cuenta con que hacen porque, encima, pueden tener unas multas de hasta 48.000 euros, que no es poca broma para una explotación de olivos que, de acuerdo con la Red Contable Agraria del DARP tiene, de media, unos márgenes económicos negativos, si se tienen en cuenta la mano de obra familiar y el coste de oportunidad.
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